La resolución, en cambio, declaró nulos los procesamientos por supuesto "lavado de dinero" de Capaccioli, ex superintendente de los Servicios de Salud (SSS), de Gramajo, ex legislador porteño por el Frente por la Victoria; Hernán Diez, ex titular de Lotería Nacional; y Gabriel Brito, ex mayorista farmacéutico.La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento por supuesta "asociación ilícita" de los recaudadores de la campaña presidencial Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo, trabándoles embargos de un millón de pesos y 350 mil pesos, respectivamente.
Así lo revelaron fuentes judiciales y precisaron que el fallo de la Sala Dos del tribunal de alzada vino a confirmar uno anterior del juez federal Norberto Oyarbide en la causa denominada "mafia de los medicamentos".
La resolución, en cambio, declaró nulos los procesamientos por supuesto "lavado de dinero" de Capaccioli, ex superintendente de los Servicios de Salud (SSS); Gramajo, ex legislador porteño por el Frente por la Victoria; Hernán Diez, ex titular de Lotería Nacional; y Gabriel Brito, ex mayorista farmacéutico.
Oyarbide los había procesado en febrero pasado en la causa en que están detenidos el gremialista bancario Juan José Zanola y su mujer, Paula Aballay, más la 'mano derecha' de ésta, Susana Fiona, en el Policlínico Bancario.
A Capaccioli, en el fallo del juez, se le adjudican los delitos de "asociación ilícita (en carácter de miembro), defraudación a la administración, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento y lavado de activos".
En la causa figuran al menos 15 conversaciones telefónicas entre Néstor Lorenzo -considerado uno de los organizadores de la presunta asociación ilícita- y ex Superintendente de Salud y recaudador de la campaña "K", que lo comprometerían seriamente en la causa. Gramajo fue el responsable financiero de la campaña kirchnerista, mientras que Diez también intervino en la recaudación del dinero.
En su indagatoria al momento de ser detenido -ya está excarcelado-, Brito dijo que entregó a pedido de Néstor Lorenzo, dueño del laboratorio San Javier, cheques por 310.000 pesos que fueron a parar, sin su aval, a la lista de aportantes a la campaña electoral 2007 del Frente para la Victoria.
En su descargo como supuesto "arrepentido", reveló cómo se realizaban maniobras económicas para cobrar reintegros del Estado y dio nombres de ex funcionarios y empresarios vinculados con la causa.
Brito aseguró que Capaccioli y Lorenzo "hacían negociados" para desviar fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales, y detalló que una de esas formas de supuesta estafa era falsificar recetas o historias clínicas a las que se adjuntaban troqueles "truchos" para cobrarle al Estado remedios por tratamientos inexistentes.
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