El juez federal Norberto Oyarbide analiza decenas de cheques sospechosos secuestrados hace 10 días cuando allanó la sede de la empresa Meldorek y las oficinas de diferentes empresas ligadas al ex apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender.
Las firmas se encuentran investigadas desde la semana pasada como parte de una supuesta red sospechosa de ser usada por Schoklender para blanquear los fondos desviados de la fundación Madres de Plaza de Mayo.
A nombre de esas compañías, entre las que se encuentran dos financieras, se hallaron autos de lujo, casas, departamentos, yates y hasta dos aviones.
El fiscal Jorge Di Lello y su colega especializado en lavado de dinero Raúl Pleé investigaron estas empresas y le pidieron al juez que las allane para secuestrar sus registros contables y esclarecer sus vínculos con Schoklender y las Madres.
Mientras tanto, el juez se detuvo en el estudio de talonarios de cheques decomisados en Meldorek y en otros valores de la fundación también secuestrados.
Algunos de estos cheques fueron utilizados para adquirir materiales, lo que probaría la relación entre Meldorek y la fundación, uno como cliente y otro como proveedor de los servicios de construcción que hace la fundación de las Madres.
El fiscal Di Lello no solicitó detenciones ni llamados a indagatorias, lo que descartó que ocurra por el momento.
Di Lello dijo que "no tiene sentido llamar a indagatoria" a alguno de los investigados, porque "sería una vulneración" de sus garantías "o un acto infundado" mientras se busca la prueba de acusación.
Es decir que para interrogar a alguien como sospechoso es necesario primero asegurar las pruebas sobre las que se basa esa duda.
Oyarbide deberá resolver si hace lugar a los allanamientos requeridos por el fiscal y continuará con el análisis de toda la documentación que fue secuestrada la semana pasada en la sede de la fundación, la universidad y la imprenta de las Madres de Plaza de Mayo.
El expediente continúa bajo el secreto de sumario.
El magistrado tiene a estudio el pedido de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, para que la entidad sea considerada querellante en la causa, lo que solicitó luego de denunciar a los Schoklender por asociación ilícita y por considerar que la organización fue damnificada por el proceder del ex apoderado. Al respecto, el fiscal consideró que la fundación Madres de Plaza de Mayo "puede ser considerada, en primera instancia, parcialmente víctima" de un delito. Aunque la discusión, más política que jurídica, es hoy si es posible escindir la fundación de su presidenta, Hebe de Bonafini.
Di Lello pidió que las autoridades de la asociación sean llamadas a declarar para que brinden explicaciones. El juez Oyarbide no definió aún si lo van a hacer como testigos o como imputados.
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