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¿Quousque tandem abutere, Cristina Kirchner, patientia nostra? ¿Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? ¿Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?


EL PUEBLO QUIERE SABER: Todos los días se descubren nuevos actos de latrocinio y corrupción del kirchnerismo. ¿Cuánto le costará al país los desmadres del KIRCHNERATO?

lunes, 22 de agosto de 2016

DESARME

Las razones del desarme civil Por Gustavo Rubio Como bien se había planteado anteriormente, el desarme civil responde a intenciones turbias disfrazadas de medidas arbitrarias de protección que esconden la vulneración de derechos individuales, falta de idoneidad de los políticos para resolver problemas y el facilismo totalitario de lo políticamente correcto. Es así que se ha llegado al extremo de plantear al objeto "arma" como culpable voluntario de todos los hechos de violencia, dejando de lado el factor principal y único que es el factor humano. Los objetos no tienen voluntad, no son ni buenos ni malos. Las armas de fuego no son el problema, sino las personas. Frente a esta noción falaz y marketinera de que "si tenés un arma, tenés un problema", el desarmista esgrime una serie argumentos (basados en datos y estadísticas poco claras) que al ser tomado por periodistas poco preparados en el tema y repetidos en campañas con tintes cool, suenan casi como sólidos. Nada más alejado de eso. A continuación trataré de analizar los más comunes, muchos de ellos esgrimidos por legisladores y entes registrales hasta hace poco. 1. Con el desarme civil se busca "la disminución del uso y proliferación de armas de fuego y municiones" Les falta aclarar que esa premisa es limitada en su alcance ya que las personas afectadas son las que obedecen las leyes y son víctimas indefensas de criminales y gobiernos totalitarios (caso de la Venezuela de Maduro por ejemplo) A lo largo de la historia el mercado negro se nutre de estas posturas prohibitivas ha demostrado que una "intención legislada" se vuelve un mal social terrible. 2. Con el desarme civil se busca "la reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego". Es decir que implícitamente los otros accidentes y hechos de violencia no deben importar... Esta premisa es, como se decía anteriormente, la raíz del error de pensamiento al momento de encarar los problemas de violencia y los accidentes: se ataca al objeto y se deja de lado el factor humano. Una persona educada, bien instruida en el manejo del arma, responsable y formada socialmente no es un peligro para nadie. Sobran los ejemplos en los cuales se ejercido violencia con otras herramientas como el alcohol etílico y los fósforos, autos, palas, etc. pero parece que él desarmista es fetichista y su objeto de deseo son las armas de fuego. 3. Con el desarme civil se busca "la sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas". Cabe aclarar que bien podría aplicarse a cualquier cosa desde una bicicleta hasta maquinaria pesada, productos químicos o el 90% de las cosas que encontramos en el supermercado. Esta premisa evidencia la falla en la formación personal la cual se debe promover desde la educación pública o privada. 4. Con el desarme civil se busca "la promoción de una cultura de no violencia y resolución pacífica de conflictos que desaliente la tenencia y uso de armas de fuego". Suiza es una sociedad pacífica y tiene una de las tasas más altas de armas per capita del mundo. Canadá es otro ejemplo e Islandia tampoco se queda afuera. Por otro lado, si tomamos el ejemplo de Inglaterra, en donde se aplicó el desarme civil en 1997 viene sufriendo las consecuencias del incremento de crímenes violentos. La ciudad de Chicago es otro ejemplo. Se tiende a estigmatizar como violenta a la persona que tiene un arma de fuego, se la hace objeto de la falta de respuestas del gobierno de turno a los problemas de delincuencia y crimen los cuales no suceden porque existen armas de fuego. 5. "Tener un arma es un privilegio y no un derecho, porque desde el origen de la historia, las armas fueron inventadas por el hombre para matar". Un par de cosas: Primero Aristóteles ya lo había evidenciado con su "los oligarcas y tiranos desconfían del pueblo, por eso buscan desarmarlo". La legítima defensa no es un privilegio; practicar un deporte no es un privilegio; estudiar y proteger artículos históricos no es privilegio. El derecho de elegir tener un arma u otra cosa es uno de los fundamentos del ser humano libre. Cualquier persona está en su derecho elegir si desea tener cual o tal cosa. Sé que si el arma la posee un "privilegiado" mágicamente dejaría de ser un problema. Segundo, las armas no fueron creadas para matar. Si tomamos la evolución de las herramientas en el hombre, vemos que primeramente surgieron como rudimentarios medios defensivos para pelearle al depredador los restos de su captura y así procurarse la comida, medios de protección contra el ataque de animales predadores para terminar usándose contra otros humanos en casos defensivos mayoritariamente. No importa cuán primitiva sea la cultura, el valor de la vida humana era respetada dentro de sus parámetros. 6. "Las armas deben estar únicamente en poder de los efectivos de las fuerzas de seguridad". Como mínimo dos preguntas: ¿Quién garantiza que las fuerzas estén mejor preparadas que los legítimos usuarios? ¿Quién garantiza que las fuerzas de seguridad no serán usadas contra los mismos que deben cuidar? Como sociedad tenemos ejemplos dolorosos de sobra que destruyen esta postura. Desde el gatillo fácil moderno y grupo de tareas clandestinos de los setenta hasta los entrenamientos con cinco disparos en el curso de formación de la Policía local. Cualquier novato que empieza tiro práctico ya ha disparado más que un efectivo policial y tiene más experiencia para moverse con un arma de forma segura. Sin duda que hay muchos otros argumentos desarmistas pero en general se enfocan en estos puntos. Quizás los últimos tres son los peligrosos ya que atentan contra la libertad individual, estigmatizan a un grupo definido de la sociedad y concibe al Estado como un todo irrefutable y paternalista colocándose por encima de los derechos individuales. Estas posturas horadan las bases de una sociedad democrática y republicana y allanan el paso a sociedades policiales y totalitarias. Si no fíjense en Venezuela, la sociedad fue desarmada y los únicos con armas son las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Además, increíblemente, las milicias bolivarianas y los grupos paramilitares partidarios quienes tienen acceso al armamento por ser privilegiados seguidores del mandamás local. Estos dos últimos grupos controlan el acceso a los supermercados en estos tiempos de escasez, ambos grupos son los únicos que han podido hacerse de alimentos hasta ahora. Se ve que el desarme civil siempre favorece a los políticos en el poder y a los criminales, por más razones que se quieran inventar.

domingo, 21 de agosto de 2016

EL ATRILERO: LISTADO DE TERRORISTAS

EL ATRILERO: LISTADO DE TERRORISTAS: Para los que no están bien informados sobre este tema: - Muchas personas que figuran en la lista de abajo, eran de diferentes lugare...

sábado, 20 de agosto de 2016

LA CORRUPCIÓN

Cómo se castiga -en otros países- la corrupción by Carlos Marcelo Shäferstein La corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, de forma secreta o privada. Pero -mientras en la Argentina la corrupción no es considerada genéricamente un delito- en el resto del mundo se la combate duramente. Con leyes que prevén penas máximas demasiado ligeras, nuestra patria resulta ser un paraíso para los funcionarios deshonestos, ya que tanto la malversación como la administración fraudulenta, el prevaricato, el cohecho, o el aprovechamiento personal de información privilegiada tiene una pena máxima que no supera los seis años de prisión. En nuestro Derecho, si concurren dos o más hechos distintos cometidos por el mismo imputado las penas se unifican en beneficio del procesado, mientras que en el Derecho Penal Sajón se acumulan. Además aquí los condenados recuperan la libertad después de cumplir los dos tercios de la condena… y todos pueden salir en libertad condicional. Numerosos ejemplos de la historia democrática reciente así lo testifican, como los casos de “contrabando de armas” donde el único condenado fue Menem, que jamás cumplirá pena alguna; del mismo modo los escándalos por corrupción que involucraron a María Julia Alsogaray, que estuvo privada de la libertad muy poco tiempo; y el reparto de “coimas” en packs termosellados para recompensar la tramitación en el Senado de la reforma laboral, en 2000, durante la presidencia de Antonio de la Rúa que resultó absuelto y libre de culpa y cargo, tanto él como los siete cómplices del escándalo. Para explicar el fenómeno, tengamos en cuenta que en Occidente el tratamiento de la corrupción (delito que no es considerado “de sangre”) se divide en dos culturas. Una es la de la insolente complacencia latino-meridional; y otra es la germano-anglo-sajona, donde las leyes son mucho más rigurosas y están estructuralmente aceptadas. Tanto Alemania como Reino Unido son líderes en el mundo en la lucha legal contra la corrupción. Numerosas medidas legales, pero también la existencia de asociaciones y un gran número de investigadores dedicados exclusivamente a luchar contra los crímenes económicos hacen que estos países sean claves en la lucha contra esta lacra. La ley alemana es una de las más avanzadas del mundo en la lucha contra la corrupción. De acuerdo a la Ley Criminal Alemana, no puede recibir un soborno y darlo ningún alemán, ningún extranjero que viva en Alemania, ni un alemán fuera del país. Dentro de la ley existe una mención especial de 'empleados públicos', con el que se refiere no sólo a funcionarios del estado, sino también a cualquier persona que, aunque trabaje para una empresa privada, preste servicio al estado. Puede ser acusado de corrupción cualquiera que ofrezca, dé o reciba un soborno. La ley no considera que se pueda condenar a empresas como 'entes jurídicos', aunque sí a individuos que actúen en representación de estas organizaciones. Las penas por corrupción son altísimas, ejemplares y de cumplimiento efectivo. Cometer el delito estando en la función pública siempre es un agravante al momento de sentenciar. El Acta de Corrupción del año 2010 del Reino Unido ha sido calificada en numerosas ocasiones como “la legislación anticorrupción más dura del mundo”. Fue anunciada por la reina Isabel II en su discurso inaugural del año político en 2009. Las penas por los actos condenados en esta ley van desde los 10 años de cárcel efectiva por corrupción (o más tiempo de condena, si es desde la función pública), además de una multa ilimitada, y la posibilidad de confiscación de la totalidad de las propiedades del condenado y de sus socios (incluso familiares). Vladimir Putin consolidó a Rusia como una de las mayores potencias militares, económicas y políticas del planeta. Pero los índices de corrupción llevaron al país al mismo nivel de Sierra Leona y Tanzania. Coimas y "retornos" cuestan a la Federación Rusa un tercio de su PBI, según el Kremlin, y hasta el propio Putin bromeó con que la corrupción es una "tradición" local. El zar Pedro el Grande, ya en el siglo XVIII, había advertido que si hubiera que fusilar a todos los corruptos del país, "posiblemente nos quedaríamos sin súbditos". Y aunque hay un gran debate sobre si Putin es parte del problema o de la solución, la broma no fue exagerada. El presidente afirmó que gracias a su Plan Nacional Anticorrupción, sólo en el último año se condenó a 8000 personas y 11.000 funcionarios fueron penalizados por "violar las normas anticorrupción". El propio Nicolás Maduro manifestó que “a los corruptos habría que fusilarlos, pero la Constitución no lo permite”. Esta afirmación no fue hecha como un comentario legislativo aislado, sino en referencia directa a la detención de directivos del Indepabis acusados de extorsión y crímenes de corrupción. En la Grecia antigua, la alimentación dependía de las importaciones de trigo. Esto hacía que los cambios en las condiciones climáticas dispararan los precios. Ante el fenómeno inflacionario, las autoridades decidieron establecer el primer control de precios conocido en Occidente y ningún comerciante podía vender el trigo por encima de esa cifra impuesta. Como los comerciantes continuaron vendiendo el trigo a un precio superior, el gobierno conformó un ejército de inspectores de cereales llamados Sitophylakes, encargados de vigilar que nadie consintiera una fractura del precio impuesto, bajo la amenaza de aplicarles pena de muerte. Esto no resolvió el problema, pero sí le dio fin a la vida de muchos griegos deshonestos. Uno de los más graves problemas cuando se considera la idea de aplicar la pena de muerte por casos de corrupción o delitos en contra de la Nación es la ambigüedad que resulta natural a esta manera de definir los delitos, sumado a los amplios niveles de politización posibles y la criminalización del pensamiento latente en territorios tan inconstantes, movedizos y peligrosos. Aun así, existen naciones cuya Constitución permite castigar la corrupción (como Rusia, Israel, Estados Unidos, la República Federativa de Brasil, y otros países donde delitos de este tipo directamente se castigan con la pena capital. Israel: Transparencia Internacional informa que altos funcionarios son acusados permanentemente de aceptar sobornos para recibir puestos clave, para reducir impuestos u obtener otros beneficios para algunas personas. Algunos de los más altos burócratas de la Autoridad Impositiva están siendo sometidos a una investigación por corrupción. Una sorprendente cantidad de líderes del gobierno son -o fueron- objeto de investigaciones criminales. La esposa del primer ministro asesinado Itzhak Rabin fue condenada por tener una cuenta en Nueva York sin declarar; el Primer Ministro Ehud Olmert está ahora mismo purgando prisión, a pesar de su avanzada edad, en el durísimo instituto penitenciario de Maasiyahu. Asimismo están siendo procesados el Presidente Moshe Katzav, el ex Ministro de Justicia Jaim Ramon, el Ministro de Finanzas Avraham Hirschson, el jefe de la coalición Avigdor Yitzjaki, al igual que muchos miembros del parlamento y hasta el alcalde de Jerusalén. La República de Singapur. Al obtener la independencia en 1965, el país se vio en una situación similar a la de Rusia postsoviética: un colapso económico, abusos de los funcionarios, malversación de fondos públicos. Según estos datos Singapur era una de los países más violentos del mundo. Ocupaba uno de los lugares con el más alto índices de criminalidad, debido a su cercanía con Malasia y China, siendo uno de los lugares de mayor tráfico de drogas, lo cual era el pan de todos los días. Había impunidad y malos manejos del gobierno. Las mujeres no podían salir de su casa por miedo a ser abusadas sexualmente y después asesinadas. Era una ciudad sin orden y con un gran índice de tráfico de influencias, eso sin contar que era denominada una de las ciudades más sucias de Asia, y con un tremendo desorden vial. En primera década del 2000 apareció el terrorismo global, y los homicidios eran uno de los mayores problemas de inseguridad que tenía esa sociedad. Pero al llegar al poder en el año 2004, en elecciones libres, el Primer Ministro democrático Lee Hsien Loong, hijo mayor del general Lee Kuan Yew, se produjeron grandes cambios “represivos” y ejemplares, pues atacó fuertemente el tráfico y consumo de drogas, la corrupción, las organizaciones de prostitución infantil y turismo sexual; así como también la violación y el tráfico de personas, lo que produjo una reducción fantástica de la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguros de Asia. Hace 12 años, en las cárceles había más de 500.000 presos, pero seis meses después, sólo quedaban 50. Se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores probados siendo los reincidentes automáticamente condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos todavía, se decretó que toda figura pública corrupta (políticos, policías, militares, etc.) fueran ejecutados cuando se cuenten con pruebas sólidas que los involucre. El sistema es parlamentario, pero con la depuración de la policía, sistema judicial y político, más una nueva legislación, el país goza de una sólida estabilidad, en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena capital. Actualmente es uno de los países con un nivel económico más grande del mundo. China. En la República Popular China, pena de muerte puede ser aplicada a quienes cometan crímenes económicos. Esto incluye cargos por soborno, fraude y malversación de fondos, al igual que un amplio número de ofensas como robo agravado de armamento, falsificación de dinero, complicidad con traficantes y estafa a los recursos del Estado. Los únicos métodos aprobados de ejecución son la aplicación de inyección letal, el fusilamiento y la horca -el patíbulo ante el público- en casos vergonzantes. Son esas tres alternativas para quien es encontrado culpable Indonesia. La imposición de la pena máxima en Indonesia cuando se trata de crímenes económicos es constitucional. Bajo las leyes del país, sólo los crímenes de alto detrimento económico para el Estado son punibles con la muerte. Sin embargo, en los últimos años varios personeros han hecho llamados de atención desde Yakarta, queriendo aumentar la severidad del castigo a los corruptos, haciéndolos extensivos a la familia Uno de ellos es Mohamad Mahfud, un juez de la Suprema Corte de Indonesia, que manifestó que los mecanismos que batallan la corrupción en el país son muy complacientes con los criminales, dándoles un máximo de tres o cuatro años de prisión, menos que por delitos menores de robo o asalto. Aludiendo al modelo chino, Mahfud pidió en octubre del 2010 la intensificación de las leyes actuales de pena de muerte, argumentando el factor disuasivo que tiene sobre la población. Actualmente, Indonesia ocupa el puesto 118 de 174 países en la encuesta de 2012 de Transparency International, mientras que China, nación ejemplar según Mahfud, ocupa el puesto 80. Corea del Norte. Bajo las leyes del régimen comunista norcoreano, la pena de muerte es aplicable por fusilamiento o ahorcamiento ante múltiples ofensas: asesinato, actos de terrorismo, robo (hurtar una media bolsa de arroz, por ejemplo, es un crimen que amerita la pena capital), traición y otros delitos, definidos vagamente como “crímenes contra el estado y/o el pueblo”. En este escenario de ambigüedad, los crímenes relacionados con corrupción cobran matices políticos y turbios. Las ejecuciones en Corea del Norte “están caracterizadas por varias formas de aplicación arbitraria, ilegítima e ilegal”. En octubre del 2007, el jefe de una fábrica en el sur de Pyongan fue fusilado públicamente en un estadio lleno al ser descubierto haciendo llamadas internacionales desde trece teléfonos instalados en su sótano. Las autoridades argumentaron la necesidad de control y la prevención de crímenes de fraude y tráfico como razones para la ejecución pública. Hubo cuatro casos similares ese mismo año. En marzo del 2010, el jefe de Planificación y Economía del Partido del Trabajo de Corea, Pak Nam-gi, fue ejecutado por aplicar reformas a la moneda que resultaron desastrosas para la ya débil economía. La condena a quien tuvo la responsabilidad de la devaluación en el país tuvo como parte de sus argumentos que Nam-gi era el “hijo de un burgués” tratando de infiltrarse en la economía norcoreana y sabotearla. Corea del Norte ocupa el puesto 174 en el ya referido estudio internacional de Transparency, empatado con Afganistán y Somalia por el puesto del país más corrupto del mundo. Venezuela lo sigue de cerca. Pero nuestro país ocupa el puesto 165 y forma parte de los diez con mayor índice de corrupción. Tengamos en cuenta que en nuestro país existe lo que en teoría se llama “corrupción institucionalizada”, vale decir que la aceptación o el rechazo de picardía criolla proviene de una concepción cultural distorsionada que comienza desde el seno de la propia familia donde la educación en la honestidad ya no es inculcada como valor. La corrupción evoluciona. Es una relación que se va adaptando a las nuevas instituciones que se crean para combatirla. Actúa como cualquier otro acto delictivo que se amolda a las nuevas restricciones legales que se le van imponiendo. La evolución de la corrupción, cuando no es atajada correctamente, es como una telaraña que se va extendiendo a lo largo de toda la sociedad. Es éste un fenómeno que transforma el sentimiento general hacia la corrupción: deja de ser considerada un delito para pasar a ser un mal con el que es inevitable convivir. Un mal repetido con el que es obligado cohabitar es lo que se ha denominado corrupción crónica. El peligro de la corrupción crónica es precisamente su habitualidad; ya no es contemplada como acto delictivo o -si lo es- ya no es considerada digna de persecución. No sólo una ley específica debería definir qué constituye el delito, sino que la misma debería poner a disposición del Estado los mecanismos para perseguir lo que es ilegal y las instituciones para castigar al delincuente. Definir, vigilar y sancionar la corrupción son tareas que han de ejercer las instituciones, pero esta es una actividad que debería empezar mediante la educación temprana del ciudadano en los valores de la ética individual, así como también en las normas de convivencia social homogénea y ordenada. http://www.lavanguardia.com/politica/20130127/54363142812/asi-se-lucha-contra-la-corrupcion-mundo.html https://www.theguardian.com/world/2016/feb/15/ehud-olmert-israeli-ex-pm-19-month-prison-bribery http://www.revistaprobidad.info/006/art14.html Carlos Marcelo Shäferstein

MUCHOS FRACASOS

Pocos éxitos Demasiados fracasos 1. La cuestión social es en sí misma un problema difícil a la razón, una pregunta desafiante que interroga permanentemente a la sociedad acerca del enigma de su cohesión, pero que trata a su vez de evitar el riesgo de su fractura. 2. El trabajo formal, que está demandando día a día una mayor calificación, está dejando fuera de competencia a una masa social marginal importante porque el sistema expulsa a todos aquellos, preponderantemente jóvenes que, por carencias de educación y/o capacitación, el futuro no les permitirá aspirar a ningún puesto de trabajo estable. ¿Cómo garantizar un futuro laboral para estos jóvenes y enfrentar a la permanente amenaza de la sustitución de empleos humanos por recursos tecnológicos, cuando todas las predicciones dicen que solo un 30% de los chicos que ingresan al sistema educativo podrán conseguir empleo? 3. El desafío que enfrentamos como sociedad consiste en volver a hacer del conocimiento un medio para el desarrollo humano aumentando las habilidades de la población. Debemos ir más allá del conocimiento como herramienta y recuperar el camino de la educación como camino a la sabiduría que es a su vez facilitadora del progreso social. 4. Los jóvenes de este tiempo enfrentan una realidad que supera el nivel de dificultades de anteriores generaciones. El conocimiento, el aprendizaje y las experiencias vitales van forjando su propio destino, en muchos casos inciertos, donde la presencia de los medios de comunicaciones y las nuevas tecnologías inciden en sus vidas y en sus expectativas. 5. Vivimos así con nuevas realidades sociales, nuevos y sofisticados tipos de violencia social, dentro de un período de cambios sociales imprescindibles (recuerdo que los cambios sociales pueden darse con violencia; sin violencia, o que a la voluntad de cambio se le oponga la violencia, en tal caso, violencia sin cambio) 6. En los sectores juveniles vulnerables y desocupados se manifiesta hoy un déficit de deseo, NO TIENEN PROYECTOS, no hay esperanza, no hay futuro dentro en un presente adverso, con necesidades básicas insatisfechas que no dejan lugar a ilusión alguna. Viven al instante, limitando el plano material el plano del deseo. No tienen vocación alguna, no saben qué quieren ser, viven en un mundo en el que para ellos predomina lo efímero, destinando lo que pueden percibir a sus necesidades diarias (consumo inmediato) en donde la droga (consumo, no venta) actúa como “evasor” de la frustración que se va acrecentando a medidas que los niveles de precariedad y exclusión aumentan. 7. Por lo general, este sector poblacional provienen de familias numerosas, identificándose esta tendencia entre los adolescentes de 15 a 17 años en donde registra un promedio de 7 miembros. En estas familias se identifica un descenso muy significativo en el nivel educativo de los jefes de hogar 8. A partir de lo expresado en 7., se podría llegar a pensar que, de alguna manera, los hijos reproducen hoy el fracaso escolar de sus padres, existiendo a su vez un debilitamiento en la transmisión del concepto de la educación como valor en la socialización de esos padres a sus hijos. 9. A medida que desciende el nivel educativo en estos jóvenes, desciende paralelamente la calidad de los trabajos que pueden obtener, siendo en su mayoría temporales y changas en situación de informalidad (mujeres: costurera, cocinera, peluquera, servicio doméstico, cuidado de ancianos, volanteras, etc. Varones: albañil, pintor, plomero, zapatero, herrero, limpieza, maestranza, fletero, vendedor ambulante, paseador de perros, delivery, lava autos, changarin, vendedor ambulante, etc.) 10. En términos comparativos, la tasa de desempleo juvenil de 15 a 24 años es dos veces y media mayor que la del total de la población y tres veces y media más que la de los adultos de 25 a 59 años. 11. La participación de los jóvenes de 15/24 años en el desempleo global es particularmente importante alcanzando al 43,8%, cifra significativa si tenemos en cuenta el porcentaje de jóvenes de 15/24 años componen el 17,5% de la población. 12. En el conurbano bonaerense hay 84.105 jóvenes que no completaron el secundario que actualmente no estudian y se encuentran desempleados, mientras el 80,7% de ocupados y el 72,8% de desocupados que no asisten a establecimientos educativos alguno. 13. En la Argentina hay 7 millones de mujeres en edad fértil (14 a 49 años) distribuidas en los principales centros urbanos del país; de ellas, el 44,8% ya son madres; el 48,6% vive en el 30% de los hogares con menos ingresos per cápita familiar; el 41,3% tiene bajo nivel educativo; el 52% vive en el gran Buenos Aires y el 60,6% participa de distintas formas en el mercado de trabajo; el 16,2% afrontan solas su maternidad (9,2% están divorciadas o separadas, 5,2% están solteras y 1,2% enviudaron). 14. Los desequilibrios territoriales en la Provincia de Buenos Aires son conocidos, pero no tanto. La proyección de habitantes en nuestra provincia para la próxima década plantea la continuidad de esas asimetrías territoriales y demográficas. Si las políticas públicas no logran revertir la actual tendencia con programas de estímulo para el interior provincial, el conurbano y el periurbano acumularán el 77% de la población provincial. Imagine las consecuencias en infraestructura básica, que ya tienen problemas de congestión y contaminación 15. La Organización Mundial de la Salud (OMS) evaluó los sistemas de salud del mundo y ubicó a la Argentina en el lugar 75 entre 191, muy por debajo de Colombia (22), Chile (33), Costa Rica (36) y Cuba (39), las cuatro naciones mejor calificadas de Latinoamérica. Si tenemos en cuenta que los gastos efectuados en salud por la Argentina (823 dólares anuales per cápita), la colocan en el puesto 34, se advierte que son principalmente las deficiencias del sistema las causas de la mala calidad sanitaria. 16. Un informe del Banco Mundial, señala que 4,5 millones de niños argentinos (43%), son pobres. Esto significa que quienes los tienen a cargo, no alcanzan a obtener el nivel de ingresos suficientes como para garantizar su alimentación y cubrir las necesidades básicas como calzado, ropa y salud. 17. La comisión de Investigación de Mercado de la Asociación Argentina de Marketing, dio a conocer un índice de nivel socioeconómico, a fin de definir los límites de cada estrato social y, a través de variables específicas, una medición detallada de cada estrato. La aplicación de este índice, según el estudio básico metodológico, permitió extraer las siguientes conclusiones: 1) Se observa una creciente concentración de la riqueza. 2) Se registra una brecha significativa entre los sectores altos y medios. 3) La diferencia entre los sectores medios y bajos es más cultural que económica. 4) Los sectores bajos, están muy extendidos y se corresponden con un bajo nivel educativo. CONCLUSIÓN: El futuro de la franja etaria juvenil argentina presenta más dilemas que certezas… La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, además de cuestionar a futuro la cohesión social y la capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo de nuestra economía, está expresando claramente que los programas experimentados hasta el presente, tanto laborales como educativos, no han tenido la escala que la magnitud real del problema demandaba y por lo tanto no impactaron socialmente en la medida de lo esperado, piense que más de la mitad (53,6%) de los jóvenes desempleados que no estudian provienen de hogares vulnerables, pobres o indigentes. Tenemos una sociedad zambullida en una profunda y espesa anomia en donde la violencia se ha extendido a todos los espacios y se manifiesta de diferentes formas: se percibe en la familia, en la escuela, en el barrio, en los distintos espacios sociales, deportivos y/o políticos. Los jóvenes enfatizan la asociación de la violencia con la droga, el alcohol y la "junta" La violencia es asociada hoy no sólo con peleas, agresiones, o maltrato, sino que en muchos casos es sinónimo de muerte Nuestra sociedad comienza a exteriorizar una extendida disconformidad social por el cumulo de expectativas incumplidas que Mauricio Macri había prometido (mantiene la regresividad y la inequidad del impuesto a las Ganancias y de otros tributos), agravada por el impacto del actual paquete impositivo que el GN dispuso recientemente. Seguramente esta sociedad no tolerará aplazamiento alguno entre el deseo expreso en el acto eleccionario, la promesa pre electoral presidencial, y el cumplimiento de la misma, pudiendo ser paradójicamente esa ansiedad, esa intolerancia, incrementada por organizaciones, sindicatos y partidos de izquierda, la que podrá postergar aun más las realizaciones prometidas para asegurar la cohesión social. En el año del bicentenario de nuestra independencia, Hugo Cesar Renés

PANORAMA-LACORTE

Panorama política nacional de los últimos siete días El fallo de la Corte y la herencia recibida El fallo de la Corte Suprema sobre la tarifa del gas (con irradiación sobre el espacio general de las tarifas públicas) ha sido leído como una derrota para el gobierno de Mauricio Macri. Una decepción no es caída Conviene no exagerar, aunque debe admitirse que desde el propio campo oficialista se dio pábulo a esa interpretación. Primero, a través del desconcierto y la decepción que dejaron trascender algunos ámbitos del propio gobierno que (como el mismo Presidente) habían sido deficientemente informados sobre la decisión de los jueces; también por el mensaje celebratorio de Elisa Carrió (“Empezó a funcionar la República, el fallo es correcto, la Constitución y la ley deben ser respetadas..”), en el que evidentemente polemizaba con el Ejecutivo, circunstancialmente pegada a Ricardo Lorenzetti, a quien suele martirizar con sus cuestionamientos. En fin, también contribuyeron a esa atmósfera agorera ejercicios de autocrítica ajena como el que ensayó el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien, tras admitir que aumentar las tarifas sin llamar a audiencias públicas había constituido “un error”, puntualizó que la decisión “nació de las entrañas del Ministerio de Energía”. La realidad es que la Corte le impuso al Estado una obligación a la que, en parte, el gobierno venía condescendiendo: el cambio del marco tarifario debe someterse a una audiencia pública. La culpa no es de Aranguren El poder había eludido este paso, ofreciendo de ese modo un flanco legal por el que colaron los recursos judiciales que paralizaron el aumento. La decisión de avanzar sin las audiencias se adoptó más arriba del ministerio de Energía, en el ámbito de la jefatura de gabinete, y Macri la avaló, dando por supuesto que la jugada atravesaría indemne el examen de la Justicia. “Hay que tener un buen secretario de Legal y Técnica. Hay que asesorar a un gobierno con lo que puede pasar”, había advertido proféticamente Carrió dos semanas antes. En cualquier caso, aunque llegó al momento de la definición de la Corte resignado a postergar el aumento hasta atravesar la audiencia (primero prevista para octubre y ahora anticipada a septiembre), el gobierno tenía otro foco de atención. Pretendía que la audiencia sólo fuera obligatoria para dos tramos componentes de la tarifa (transporte y distribución), pero no para el referido al precio en boca de pozo (que incide en más de un 50 por ciento del costo final); de ese modo aspiraba a que quedara confirmada al menos esa proporción del incremento ya aplicado. Para esa pretensión el gobierno esgrimía un argumento jurídico y otro político. En el primer rubro, sostenía que la audiencia tenía el sentido de compensar el hecho de que en los tramos de transporte y distribución los usuarios enfrentan una situación de “monopolio natural”: tienen un proveedor obligado, el que atienden a su zona de residencia, y no pueden cambiarlo por otro. En cambio, proseguía el argumento, el precio en boca de pozo responde a las reglas del mercado. Presión sobre la Corte En cuanto al punto político: el gobierno presionó con el razonamiento de que en un sector como el energético, donde el país cuenta con recursos enterrados pero necesita fuertes inversiones para pasar de la potencia al acto, esa inversión sería ahuyentada si en cambio de la lógica del mercado debía someterse a la menos previsible de la política, implícita en el régimen de las audiencias. Las usinas oficiales difundieron esta tesis y tuvieron éxito en que muchos célebres comunicadores se hicieran eco de ella, descargando sobre el alto tribunal la responsabilidad de no espantar inversores. La Corte eludió esa embestida con una verónica: al tiempo que restringió el principio de la obligatoriedad de las audiencias a los tramos de proveedor único (transporte y distribución), tomando el mismo argumento del gobierno sobre el tramo de la generación,, lo devolvió al punto de partida. Señaló que en este caso particular también sería obligatoria la audiencia para la generación ya que ésta no está actualmente sometido a la lógica de mercado, sino que está determinado por la intervención estatal. En efecto, una de las primeras decisiones del actual gobierno fue mantener el subsidio a las empresas petroleras, fijando precios que les garantizan valores muy por encima de los de mercado al barril de petróleo; en cuanto al gas natural, éste llega a triplicar el precio por millón de BTU (unidad de energía, equivalente a 257 calorías) de Estados Unidos. Ese sobreprecio supone una transferencia de los usuarios a las empresas de más de 5.000 millones de dólares. El sobreprecio intervenido incide sustancialmente en el cálculo final de las tarifas. Ese “precio sostén” fue establecido en tiempos en que Energía dependía del kirchnerista Julio De Vido, pero fue confirmada por el ministro de Energía de este gobierno, Juan José Aranguren. La verónica del Tribunal La Corte puso la situación blanco sobre negro: “El precio del gas pasó de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención estatal (…) Específicamente a partir del Decreto 181/2004, el Poder Ejecutivo intervino en su fijación, dejando de lado al mercado”. En consecuencia –señala el Alto Tribunal- hasta el momento en que efectivamente el precio de generación del gas se determine por el juego libre de la oferta y la demanda, “es razonable que su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública”. La Corte se encarga de señalar que, tan pronto funcione libremente el mercado (y esto depende de una decisión gubernamental, del cese de la intervención y el “precio sostén”) ese tramo de la tarifa deja de requerir audiencia pública. La Corte, ya con cuatro integrantes (la semana próxima jura el quinto), atendió así al argumento de fondo (no perturbar a los inversores), pero le devolvió la pelota al gobierno: son ustedes, con su intervención los que obligan a que haya audiencia pública sobre todos los componentes de la tarifa. Para sacar la generación de ese destino, el gobierno tendrá que discutir con las empresas. Y también con aquellas provincias petroleras (y hasta con los gremios) que son socios menores, aunque influyentes, del precio intervenido. Es un costo político. Pero no hay poder sin costo. Una de cal y una de arena La Corte actuó con rigor jurídico y con equilibrio político. Falló para hacer cumplir la ley y la Constitución, exigió el cumplimiento de las audiencias públicas, pero también limitó los perjuicios (80.000 millones de pesos) que el oficialismo –apelando a las presiones alarmistas- vaticinaba para las arcas fiscales si el dictamen del Tribunal no satisfacía sus expectativas. La Corte circunscribió el parate de los aumentos de tarifa a los servicios domiciliarios, dejando en pie los que afectan a las empresas (que constituyen el grueso del consumo). El gobierno recalculó el perjuicio fiscal: en el peor de los casos llegaría a los 20.000 millones de pesos, una cifra “asimilable” deslizaron en el Palacio de Hacienda. La unilateralidad es gerencia recibida El marco jurídico es un paso imprescindible para encarar soluciones a la vital ecuación energética. Pero no es, todavía, la solución. Reconstruir un campo que fue destruido por la desastrosa gestión de la década kirchnerista implica convocar a la inversión y ofrecerle un horizonte de certidumbre de mediano y largo plazo. Esto necesariamente reclama políticas de estado, compromisos en los que intervengan las principales fuerzas políticas y los sectores involucrados: usuarios y consumidores, empresas, técnicos, trabajadores. El gobierno, urgido por la emergencia, cayó en la tentación de la unilateralidad, un vicio que, si bien se mira, también forma parte de la herencia recibida. Jorge Raventos

HAY UNA LUZ.....

HAY UNA LUZ Y NO LA VEN Calendar agosto 20, 2016 | Posted by Malú Kikuchi Malú Kikuchi (20/8/2016) Argentina hoy, al borde del colapso energético, solo habla del “tarifazo”, de la poca cintura política del ejecutivo para manejar los aumentos y del políticamente correcto fallo de la Corte. Es un tema obsesivo para los medios, y se diría que único. El ejecutivo, republicano, acata el fallo del poder judicial y convocará las audiencias. Pero a pesar de todo, los aumentos llegarán. Es penoso pagar más, pero es inevitable si el país decide seguir viviendo en el siglo XXI y no volver al tiempo de la colonia. El aumento es imprescindible. Vamos a pagar más, corresponde aunque duela. Dejando el tema energía, el 18/8, surgió una luz que no tiene que ver ni con la electricidad, ni con el gas. La provincia de Buenos Aires es inviable por lo enorme (307,571 km2) y por la diversidad de su geografía y su demografía. Hay pescadores, gente de campo, ciudades importantes, pueblos chicos y el conurbano, tan distinto de acuerdo a la zona que se habite. ¡Y los eternos barones del conurbano! Julio Pereira, de Florencio Varela es intendente desde 1993, hace 23 años y le sigue Alberto Descalzo de Ituzaingó desde 1995 y hay más. Demasiados nombres, con demasiados años en el poder y demasiado poder con los años. Se acabó gracias a una ley que es una luz en la oscuridad de la provincia. La ley sintetiza 3 proyectos, dos de los diputados por el Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez y Rubén Eslaiman, y el 3°, Alejandro Armendáriz, UCR. Fue aprobada el 16/6/2016 en la cámara de diputados provincial, por el FR, Cambiemos y aliados. Rechazada por el FPV. El 17/8/2016 la aprobó el senado de la provincia, sin el acompañamiento del FPV. De ahora en más, los funcionarios provinciales podrán ser elegidos y reelectos una sola vez. En sintonía con la Constitución de la provincia de Buenos Aires que permite una elección y una sola reelección de gobernador y vice. Los que han sido electos en 2015, podrán ser reelectos en 2019, no más. Esta maravillosa ley atañe a 135 intendentes, 138 legisladores, 1097 concejales y 427 consejeros escolares. Aportará sangre fresca, ideas nuevas, distintas costumbres, más innovación. No va a ser ideal, pero por lo general el cambio mejora el statu quo, ya que arrancar una capa de políticos de sus puestos, equivale a limpiar el lugar. Aunque los que estuvieran fueran fantásticos (la mayoría no lo es, y los nuevos, son muy nuevos para opinar), estar demasiado tiempo en un lugar, enmohece. Cuando se va de visita por primera vez a casa de alguien, se piensa en la ropa para vestir, en qué llevar, si vino o algo para el café; uno se sienta en el borde del sillón y pregunta dónde queda el baño. Las siguientes visitas van relajando el comportamiento. Ya se sabe dónde está la cocina y el cuarto de los chicos. Se conoce el sillón más cómodo y el que no lo es. Uno se siente como en su casa y se comporta como si estuviera en su casa. A los políticos les pasa lo mismo con los puestos que consiguieron a través del voto, un voto a veces cautivo de algún plan que estimula la pobreza. Es un cambio más que promisorio para el futuro de la provincia. Si se consiguiera votar una ley similar a nivel nacional, quizás se lograra que las provincias lo imitaran. Se terminaría con esos feudos medievales instalados desde y para siempre en el poder. Provincias en su mayoría, muy pobres. La ley es perfectible, en particular con el tema de las incompatibilidades de los funcionarios que no pueden acceder a dos puestos al mismo tiempo. Pero se puede ser intendente y director del Banco Provincia: Jorge Macri, intendente de Vicente López y director del banco Provincia. Eso debería cambiarse. A pesar de todo, dentro de la reforma política que se busca, es un inmenso paso adelante. Una poderosa luz en la oscuridad de la que Argentina parece no salir. Y no es solamente en el tema energético, es la corrupción, la falta de credibilidad, la inflación y todos los desastres que dejó la era K. Si la provincia de Buenos Ares se encamina hacia una normalidad política, permitiendo que entre aire fresco en un ambiente muy viciado, otro futuro más luminoso le espera al país. Fue la noticia más importante de la semana, pasó casi inadvertida. Algo no anda del todo bien en los medios, el aumento de tarifas no puede tapar la importancia de esta ley. ¿También los medios se han quedado a oscuras, sin energía?

VÍCTIMAS INCÓMODAS

Víctimas incómodas para la Justicia La dirigencia política, la academia y gran parte del progresismo denuncian las muertes producidas por la trata, el narcotráfico y la violencia de género, pero silencian las miles de vidas que se lleva el delito común Diana Cohen Agrest Doctora en Filosofía, presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia Un diálogo de sordos. La reunión de la Comisión de Acceso a la Justicia del Programa Justicia 2020 fue eso, un diálogo de sordos. Porque fue eso: un diálogo de sordos. Más allá de las buenas intenciones mostradas en la apertura de la comisión a la sociedad civil y a su propósito de transparencia -que marca una distancia sideral con las políticas judiciales de los doce años de autoritarismo-, lo cierto es que el responsable de la comisión comenzó con el anuncio de que el acceso a la Justicia seguiría el modelo de la salud pública. La analogía no es feliz: mientras que los hospitales están obligados a atender a todo aquel que se presente en el establecimiento, el acceso a la Justicia del Programa Justicia 2020 se orienta exclusivamente a las poblaciones vulnerables, calificadas de tales por sus ingresos. Cuando se reclamó el acceso a otro tipo de poblaciones vulnerables, invocando a los deudos de delitos violentos que carecen de patrocinio jurídico, cuando el justiciable lo tiene en demasía, uno de los asistentes a la reunión preguntó qué se entendía por vulnerabilidad. El coordinador de la reunión se apuró a mencionar los criterios establecidos por las 100 Reglas de Brasilia. Esta normativa define como personas en situación de vulnerabilidad a las afectadas "por la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad". Pero también a las victimizadas, a las que fueron víctimas primarias o secundarias de un delito. Pese a esa claridad definicional, el encuentro se consagró al acceso a la Justicia de las poblaciones vulnerables en sentido socioeconómico, traicionando las 100 Reglas de Brasilia que neutralizaron toda equivocidad definicional. El espectro privilegiado por los organismos de derechos humanos va desde la violencia institucional, la violencia de género de mujeres y personas trans hasta la violencia ejercida contra las comunidades indígenas. De más está decir que los derechos en juego en esas problemáticas no pueden ser soslayados. Pero a partir de un imperativo social y moral, se debe reconocer que este corte arbitrario de los derechos humanos deja afuera el derecho a la vida, el primero de los derechos humanos, condición sine qua non de cualquier otro derecho a ejercer. Y en lo que concierne a la atención especial recibida por los privados de libertad, los sistemas democráticos parten de la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y de que deben disfrutar de la misma libertad de acción. Pero quien delinque se sale del sistema y gana para sí una ventaja que le debería impedir reclamar para sí una igual libertad de acción. De allí que no se pueda poner a la par al victimario y a la víctima. O como sucede en nuestra Justicia invertida, privilegiar los derechos del victimario y desconocer los de la víctima. ¿Cuál es, entonces, este escenario de sobreprotección y orfandad? El delincuente tiene a su disposición un defensor público gratuito y muy calificado que lo asiste desde que es detenido hasta que es excarcelado (a menudo, violentando la norma o interpretándola sesgadamente). En cambio, la víctima queda librada a su suerte: debe procurarse ella misma un abogado o recorrer innumerables oficinas públicas hasta encontrar aquella en donde puedan darle patrocinio jurídico gratuito -y esta última opción sólo en el caso de que sea indigente-: una casita de material en el conurbano ya le impide acceder a un derecho tan elemental. El obstáculo a esta visión sesgada es que, como dijo Aristóteles mucho antes que el General, "la única verdad es la realidad". Y los indicadores suministrados por el nuevo gobierno denuncian que entre 2008 y 2014 la tasa de homicidios se incrementó en un 27%. Y las víctimas son, en la mayoría de los casos, muy pobres. ¿Cuál es la interpretación filosófica de estos malentendidos? Un hecho no simbolizado, no expresado en palabras, no cuenta para un sujeto: lo que no es simbolizado no es sabido, no es nada desde el punto de vista del saber. El derecho penal es un discurso sobre el victimario, y ese saber del victimario implica una ignorancia de la víctima no simbolizada. Una prueba de esta asimetría es que el Código Procesal Penal de la Nación menciona 246 veces el término "imputado" mientras que apenas hay 17 apariciones del término "víctima". Si examinamos el discurso vigente de la dirigencia, de la academia, de gran parte del progresismo que estipula lo que ingresa al campo del discurso y lo que se mantiene oculto, mientras las prácticas discursivas giran en torno de la violencia doméstica, la trata y el narcotráfico, la verdad del saber la encarna Matías Gandolfo, el joven asesinado porque se resistió a que le robaran el celular. Vidas y muertes silenciadas porque el saber jurídico se centra en los derechos humanos de algunas poblaciones vulnerables privilegiadas, mientras que cada vez hay más muertos por un Estado cómplice. Un Estado que no protege a los ciudadanos toda vez que, bajo el paraguas buenista de la presunción de inocencia, excarcela a quien mató, pese a los testimonios de camaristas, testigos y pruebas periciales irrefutables. Y ese testimonio invisibilizado que es el muerto. Tal vez la prueba palmaria de esta invisibilización que divorcia el discurso de la realidad es el súbito síndrome de hiperactividad del Poder Judicial en causas de corrupción dormidas durante años, no simbolizadas pero expresadas en síntomas como fueron, por poner apenas ejemplos condensados en un mismo accionar delictivo, las muertes de los siniestros ferroviarios de Flores, de Once y de Castelar. Juzgar a los responsables de esos siniestros siniestros, valga la redundancia, supone la subversión del orden simbólico vigente para dar lugar a la verdad -el estado de los trenes-, a aquello no simbolizado -el dinero destinado a llenar las arcas de los funcionarios- y a aquellos que el síntoma denunciaba, los muertos. Mientras que durante años se intentó ocultar ese síntoma, la repetición traumática de eso real no simbolizado -las 51 muertes de Once y las otras muertes producidas por la falta de inversión ferroviaria- produjo finalmente la irrupción de la verdad cuidadosamente ocultada. La corrupción es un modelo a gran escala que puede ser trasladado analógicamente a la corrupción judicial en el delito común: así como el Código Penal escatima la mención de la víctima, la retórica de los derechos humanos rechaza la nominación de la víctima de delito común. Y tanto la Justicia como los derechos humanos se sostienen en una farsa discursiva que oculta lo real: la muerte a la vuelta de la esquina, en una entradera, en un bar. Abundan los discursos sobre la violencia de género que, por cierto, denuncian trescientas muertes anuales. Abundan los discursos sobre la trata, que, por cierto, revelan otras trescientas vidas robadas. Lejos de celebrar un festival de aberraciones, lo señalado intenta mostrar que el discurso oficial -salvo excepciones que prometieron transformar los discursos en políticas públicas concretas- silencia las miles de vidas arrancadas, pese a que desde hace años las estadísticas señalan a la inseguridad como la primera preocupación ciudadana. Los funcionarios se empeñan, ahora como entonces, en sostener una red discursiva sin anclaje alguno en una realidad atravesada por las vidas violentadas irreversiblemente. Muy a su pesar, esas muertes incómodas denuncian una intrusión de lo real en un discurso falaz empeñado en promover una producción imaginaria sesgada, parcial, que vela la otra realidad. Esa realidad que la ciudadanía denuncia, pero que, ahora como entonces, la dirigencia se empeña en no ver

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