SCIOLI TIMBERO

La Plata - El gobierno de Daniel Scioli no para de favorecer a los empresarios del juego en la Provincia y hasta incentiva a los apostadores. Ayer aumentó el revuelo político en la Legislatura bonaerense. El rol de Alberto Pérez en el polémico arreglo con la firma española Codere. "Si querés hacer política en la Provincia, necesitás de las maquinitas”, suelen decir, por lo bajo, muchos funcionarios bonaerenses que logran mantenerse en espacios de poder desde hace varios lustros.

La administración de Daniel Scioli no es la excepción a esta máxima de la rosca trasnochada: está cerca de convertirse en el gobierno que más favores le ha otorgado a los empresarios del juego, especialmente a la firma Codere, que administra 44 salas de bingos con tragamonedas en la Provincia y que obtiene, en el territorio bonaerense, ganancias que no logra en ningún país del mundo. Y esto lo hace principalmente a costa de los sectores más humildes, que ven en el juego la única forma de salvarse, pudiendo perder el fruto de una vida de trabajo en un abrir y cerrar de ojos.

El último capítulo de la simbiosis entre política y maquinitas es la decisión del gobierno provincial de habilitar, mediante una resolución administrativa, un sistema de incentivación al juego, que favorece especialmente a la mencionada empresa de capitales españoles: se les otorga una suerte de “premios” a los apostadores a partir de las sumas que juegan, con el único objetivo de que jueguen cada vez más, sin medir los daños sociales que eso ocasionaría.

La medida, como era de esperar, está causando un gran revuelo, algo que ayer se puso de manifiesto en la Legislatura, que suele ser la caja de resonancia política de la Provincia.

La resolución fue anticipada por Hoy en un informe publicado el martes último. Al tomar estado público, distintos sectores de la oposición emprendieron una fuerte ofensiva para reclamar que el Poder Ejecutivo dé marcha atrás con los sistemas promocionales, y más cuando los actuales concesionarios está obteniendo ingresos de $ 2.000 millones por año. Si tenemos en cuenta que las concesiones se extienden hasta el año 2021, las cifras que el gobernador garantiza -a cambio de un exiguo canon para el Estado- son incalculables. Mientras tanto, el Estado recibe migajas, ya que se queda con solo $ 5 de cada $ 100 que se juegan en las tragamonedas, cuando es una provincia que tiene en el Conurbano 500 mil pibes que no estudian ni trabajan, y miles de empleados públicos por debajo de la línea de la pobreza.

Ante este panorama, los diputados Abel Buil (GEN) y Walter Martello (Coalición Cívica) impulsaron un proyecto de declaración, solicitando que el Poder Ejecutivo dé marcha atrás con el mencionado sistema de promociones. En tanto, la diputada Nancy Monzón (Unión-PRO) presentó un pedido de informes, para que el Ejecutivo provincial dé explicaciones, detallando que se indique si permanece vigente el “Programa de Prevención y Asistencia al Jugador Compulsivo”. Y en caso de estar vigente ese programa, que informe cómo operará la resolución sin contradecir los objetivos contenidos en el mismo. Hasta el momento, tanto el gobernador Scioli, como sus funcionarios, mantienen un sospechoso silencio y ayer impusieron su mayoría automática para que los pedidos no prosperaran en la Legislatura. Pero, como dice un conocido y viejo refrán, “el que calla, otorga”.

Buil ayer tomó la palabra en la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense y manifestó su desacuerdo con el rechazo oficialista. Recordó que la Cámara baja ya había aprobado por unanimidad dos proyectos de ley, solicitando a la Provincia acciones para frenar los aspectos nocivos que produce el juego en la población. También aseguró que insistirá con la iniciativa para llegar a sancionarla.

La administración Scioli ha seguido, desde que se hizo cargo de la gobernación en 2007, un proceso plagado de irregularidades en torno a los juegos de azar. Es más, en 2009 le renovó por 15 años la licencia para la explotación de la sala de Bingo de La Plata a Codere, pese a que el Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia, meses antes, había denunciado a esa misma empresa por fraude, estafa y evasión impositiva. Eso no fue todo: Scioli le otorgó la posibilidad de que la firma pague el canon en 60 cuotas iguales, sin interés, ni ajustes a pesar del incremento del negocio año tras año, como si fuese un plan para adquirir electrodomésticos.

Quedó demostrado que la demanda penal de la Provincia fue una cortina de humo, que sirvió para que se realizaran las primeras negociaciones, un contexto de semiclandestinidad. Tal como lo informó Hoy, los principales protagonistas de ese oscuro manejo fueron el jefe de Gabinete, Alberto Pérez; Raúl Kraiselburd, titular del Fundación Florencio Pérez, una entidad fantasma que recibe fondos del juego; el fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski; y Juan Pablo Peredo, un ex director comercial del Instituto Provincial de Loterías y Casinos durante la gobernación de Felipe Solá, y que actualmente es el director de Relaciones Institucionales de Codere Argentina. Ellos habrían acordado las características del nuevo negocio, con la renovación de la licencia incluida.

Las promociones que avala el sciolismo pueden consistir en que a un cliente se le concedan 100 puntos por cada 20 pesos que se jueguen en la máquina. Estos puntos se pueden convertir en créditos otorgados en un dispositivo de juego. Por otro lado, un cliente que juega un umbral establecido de 250 pesos o más por un día (o cualquier período de tiempo determinado) recibe un premio de 5 pesos al regresar al casino o bingo al día siguiente.

El arreglo para la renovación de la licencia al Bingo Platense habría incluido el pago de importantes coimas. Según informó este diario el 28 de junio de 2009, la jueza en lo Contencioso Administrativo, Ana Cristina Logar, habría recibido 150 mil dólares mensuales durante el tiempo que se mantuvo vigente el recurso de amparo que le concedió a la empresa española Codere para que pueda seguir funcionando, pese a que se le había vencido la licencia. Una cifra similar, además, habría percibido el fiscal de Estado por no apelar el fallo de la jueza, pese a que es su obligación defender los intereses patrimoniales de la Provincia.

El entendimiento final entre la Provincia y Codere se habría alcanzado durante un cónclave realizado en el domicilio de Carlos Girald, un conocido personaje platense que suele ir a las cenas organizadas por la Fundación Florencio Pérez y que también es hombre de relaciones públicas de la empresa española.
Como era de esperarse, ningún fiscal se animó a iniciar una causa judicial de oficio ante la investigación realizada por este diario. Resulta evidente que los padrinazgos y las influencias políticas también alcanzan a importantes sectores del Poder Judicial bonaerense. Por suerte, existen excepciones dentro de la comunidad de funcionarios judiciales y quizás, en algún momento, finalmente se haga justicia.

La debacle social de la Provincia, donde existen los bolsones de pobreza más importantes del país, y el florecimiento del negocio de las máquinas tragamonedas están estrechamente ligados.

Gracias a los favores otorgados por el gobierno bonaerense, los actuales concesionarios manejan un negocio con ingresos de $ 2.000 millones anuales. En cambio, si el gobierno provincial tomara la decisión política de hacerse cargo del juego, estatizando la actividad, podría:

Construir diez hospitales en un año (ayer, Estudiantes salió a la cancha con una camiseta reclamando la construcción de un hospital para Los Hornos, una localidad platense donde viven más de 100 mil personas y que no cuenta con un centro asistencial).

Otorgar un aumento de $ 300 a todos los docentes y estatales de la Provincia.

Otorgar 20 mil créditos de $ 100 mil a tasa cero, para pymes o con fines hipotecarios.

Un hecho que llama la atención es la enorme y desproporcionada diferencia de ingresos entre las máquinas que Codere tiene instaladas en la Argentina y en el resto de los países.

Si se hace una comparación Argentina-México (el país que más recauda por máquina instalada, y el que menos recauda), surge que la Argentina tiene una cuarta parte de las máquinas que están instaladas en México, pero igualmente le reportan mucho más ganancias a la empresa española. Es decir: aunque nuestro país tenga cuatro veces menos máquinas que México, recauda por cuatro lo de este país (un promedio de 300 por ciento más por cada máquina instalada).

Otras comparaciones muestran una situación similar. Por ejemplo, mientras que en la Argentina Codere obtiene una recaudación de 202,7 euros por máquina, en México es de 50,9; y en Italia, 65,4. ¿Cuál es la razón de semejante diferencia? Distintos especialistas afirman que se debe, más que nada, a los favores del poder político y a la falta de regulación.

Por otra parte, tomando en cuenta datos de 2009, lo que recaudan todos los juegos de azar en la Provincia de Buenos Aires (bingos, quinielas, Prode, etc) representa un presupuesto de $8400 millones, casi seis veces superior al del ministerio de Justicia bonaerense (M$ 1.490), y superior a los presupuestos (sumados) de áreas tan álgidas como Seguridad (M$ 4.950) y Desarrollo Social
(M$ 2.934). Y duplica con creces el gasto en salud para el año 2010 (M$ 4.192).

Además, en diciembre de 2008 el gobierno de Daniel Scioli intentó introducir una ley que ampliaba la habilitación de nuevas salas de bingo y que fue frenada por la acción del clero, cuyo principal actor fue el Obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto.