PISTOLITA Y LA CONSTITUCIÓN

CADAL - 12-May-10 http://www.cadal.org/articulos/nota.asp
Guillermo Moreno y la Constitución Nacional
por Adrián Lucardi Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)
Hace unos días, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, decidió prohibir la importación de aquellos alimentos que se producen en el país. Como ya es habitual, la medida despertó una fuerte polémica, y la mayoría de los analistas consultados se manifestó en contra de la misma argumentando que tendrá efectos contraproducentes, como el cierre de ciertos mercados de exportación o un aumento en el precio de los alimentos. Indudablemente, las políticas que se vienen implementando desde la secretaría de Comercio Interior (controles de precios, prohibición de exportar carne, etc) han fracasado por completo, y no hay motivos para creer que esta última vaya a ser más exitosa. Sin embargo, no deja de ser significativo que las críticas a Moreno se centren casi exclusivamente en sus malos modales o en los efectos contraproducentes de sus políticas, pasando por alto que las mismas violan derechos individuales. Los regímenes liberal-democráticos están fundados en la premisa de que el estado es una entidad al servicio de los individuos, y no al revés. Esto se manifiesta en la preeminencia que los derechos individuales (incluido el de propiedad) tienen sobre las políticas gubernamentales: cuando hay una contradicción entre ambos, los derechos predominan. Por ejemplo, al fijar su política de seguridad el gobierno no puede negar el derecho a un juicio justo a los acusados de cometer un delito, ni admitir la validez de las confesiones obtenidas bajo tortura. Y no puede hacerlo, no porque dichas políticas sean malas o contraproducentes, sino porque el artículo 18 de la Constitución nacional garantiza ciertos derechos básicos que ninguna política de seguridad puede transgredir, como la garantía de defensa en juicio, la prohibición de torturar a los detenidos, o la no obligación de declarar contra uno mismo. Por supuesto, el respeto de los derechos individuales implica aceptar resultados que a veces no son deseables. La garantía del debido proceso permite que los delincuentes más hábiles y/o afortunados eludan el castigo que les corresponde; la libertad de expresión implica que la gente puede leer y escribir un montón de tonterías; y los procesos de divorcio muchas veces pueden resultar traumáticos, tanto para los cónyuges como para sus hijos. Pero si vamos a reconocer a los seres humanos como individuos autónomos, capaces de decidir sobre su propia vida, y no como meros instrumentos en manos del gobierno de turno, no podemos sino respetar esas garantías. Por ello, es de lamentar que generalmente se pase por alto que ciertas medidas de política económica no sólo resultan contraproducentes, sino que además violan el derecho de "usar y disponer de la propiedad", consagrado por el artículo 14 de la Constitución nacional. Básicamente, esto significa que si los individuos deciden darse gustos que al gobierno de turno no le agradan (como comer jamón serrano, chocolate Toblerone o papas Pringles), el gobierno simplemente no tiene la potestad de prohibirlo, así como no puede establecer juicios sumarios para combatir la delincuencia. Por supuesto, el derecho de propiedad no es absoluto: el gobierno tiene autoridad para cobrar impuestos, que obviamente disminuyen la propiedad de quienes los pagan. Pero determinar lo que la gente podrá hacer y no hacer con el ingreso de que disponga después de pagar sus impuestos constituye una clara violación al derecho a usar y disponer de nuestra propiedad, con independencia de si las consecuencias de dicho uso están o no en línea con los objetivos de política del gobierno nacional