Las Cumbres de las Américas reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Hemisferio para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de las Américas. La Octava Cumbre de las Américas se realizó entre el 13 y 14 de abril de 2018 en Lima, Perú. y produjo un testo final denominado compromiso de Lima.
Los gobernantes que asistieron a la Cumbre de las Américas en Lima aprobaron ayer por aclamación un “compromiso” contra la corrupción, tema principal de este cónclave.
“Adoptemos al inicio de esta reunión el Compromiso de Lima ‘Gobernabilidad Democrática contra la Corrupción'” para “expresar la firme voluntad” de acabar con este flagelo, dijo al abrir la primera sesión plenaria de la Cumbre el mandatario peruano Martín Vizcarra.
Inmediatamente los mandatarios aprobaron por aclamación este documento, algo que tradicionalmente se hacía al finalizar una cumbre y no en su primera sesión de trabajo.
El documento de 57 puntos, que no tiene poder vinculante sino que que fija una meta a alcanzar por todos, había sido consensuado el viernes en una reunión de cancilleres, luego de ser negociado por los países americanos durante siete meses.
COMPROMISO DE LIMA
“GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA FRENTE A LA CORRUPCIÓN”
Lima, 14 de abril de 2018
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio reunidos en Lima, Perú, en la VIII Cumbre de las Américas,
Destacando que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestros países, y que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y tiene un impacto negativo en el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones de nuestro Hemisferio, al igual que en otras regiones del mundo;
Reafirmando nuestro compromiso con los tratados en materia de lucha contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC);
Reafirmando también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y nuestro firme apoyo para su implementacióni; y
De conformidad con los ordenamientos jurídicos de los Estados y con los tratados multilaterales y bilaterales de los que somos parte, así como con los principios reconocidos, como el respeto a la soberanía y la no intervención,
NOS COMPROMETEMOS A:
A. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática
1. Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el Hemisferio, otorgando a las autoridades competentes las garantías necesarias para el buen desempeño de sus funciones.
2. Fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en la materia, con el objeto de promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así como promover e impulsar políticas de integridad y transparencia en el sistema judicial.
3. Promover una iniciativa hemisférica para articular los esfuerzos de las organizaciones regionales e internacionales competentes en el marco de la Agenda Interamericana de Educación, con enfoque en educación cívica, dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Educación (CIE), con el apoyo del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) y con respeto a la diversidad regional.
4. Desarrollar una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, implementando programas de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles de los sistemas educativos, así como programas de educación continua.
5. Promover campañas de concientización pública y participación ciudadana para la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad; y sobre los instrumentos disponibles para combatirlas.
6. Reconocer las contribuciones positivas de los pueblos indígenas y sus valores y principios tradicionales, así como los aportes de las comunidades afrodescendientes, para mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la administración pública, generando conciencia en favor de la lucha contra la corrupción.
7. Promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción, mediante un grupo de trabajo sobre liderazgo y empoderamiento de las mujeres que activamente promueva la colaboración entre instituciones interamericanas y la sinergia con otras agencias internacionales.
8. Incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de medidas para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción, reconociendo su grave impacto en dichas poblaciones.
9. Garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, basados en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.
10. Promover la adopción de medidas que prevengan conflictos de intereses, así como la presentación por parte de servidores públicos de declaraciones patrimoniales y de información financiera, según corresponda.
11. Promover códigos de conducta para los servidores públicos que contengan altos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia, tomando como referencia los “Lineamientos para la Gestión de Políticas de Integridad en las Administraciones Públicas de las Américas”, e instar al sector privado a desarrollar códigos de conducta similares.
12. Incentivar la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas de prevención y combate de la corrupción; e instar a que las empresas privadas y públicas desarrollen o implementen programas de capacitación y de promoción de la integridad, a todos los niveles.
B. Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión
13. Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros actores sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental, incluyendo el establecimiento de mecanismos de prevención, canales de denuncia de posibles actos de corrupción, así como facilitar la labor de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de control social, incentivando la adopción de mecanismos de participación electrónica.
14. Promover y/o fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales y, cuando corresponda, sub-nacionales, en materia de: gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, sistemas electrónicos de compras, contrataciones públicas y registro público de proveedores del Estado, considerando para ello la participación de la sociedad civil y otros actores sociales.
15. Consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior.
16. Implementar y/o fortalecer los órganos de transparencia y acceso a la información pública, sobre la base de las mejores prácticas internacionales aplicables.
17. Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital con el objeto de impulsar la transparencia, la interacción con los ciudadanos y la rendición de cuentas, a través del desarrollo de herramientas de identificación, detección, sistematización y monitoreo de procedimientos gubernamentales y, con esa finalidad, fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas sobre el desarrollo y aplicación de dichas tecnologías.
18. Elaborar estadísticas e indicadores en nuestros países que permitan evaluar el impacto de las políticas de transparencia y de lucha contra la corrupción y, para ello, impulsar el fortalecimiento de las capacidades estatales en la materia.
19. Fomentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones regionales e internacionales de las cuales somos miembros.
20. Impulsar el establecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos, en el marco de la OEA, con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información, e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción, teniendo en cuenta los importantes trabajos realizados en el ámbito interamericano en esta materia y otras iniciativas regionales y mundiales.
21. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar penalmente los actos de corrupción y otros conexos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).
22. Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias.
23. Proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción, de manera consistente con las obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión.
24. Proteger a los servidores públicos incluidos aquellos involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los actos de corrupción.
C. Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales
25. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales, garantizando el origen lícito de las aportaciones, así como la sanción por la recepción de contribuciones ilícitas.
26. Considerar la adopción de instrumentos legales que podrían restringir el acceso a la función pública de personas condenadas por actos de corrupción.
D. Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas
27. Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas.
28. Implementar mecanismos de acompañamiento intergubernamental a proyectos específicos, a solicitud del Estado que ha de ejecutarlos, y de acuerdo con su propio marco legal, con el fin de asegurar la transparencia y fomentar la confianza.
29. Promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado y de asociaciones público-privadas, y establecer registros de personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos para evitar su contratación.
30. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que, en cooperación con otros actores regionales e internacionales relevantes, creeuna plataforma sobre infraestructura para facilitar el intercambio de experiencias, capacitación y programas de cooperación en materia de monitoreo y desarrollo de proyectos, estudios de factibilidad y análisis de riesgo, procedimientos transparentes de licitación, y compras gubernamentales.
31. Fomentar la transparencia en la gestión de la infraestructura y de los recursos públicos destinados a garantizar la resiliencia frente a desastres, incluyendo la referida plataforma sobre infraestructura, con miras a mejorar la respuesta a emergencias y los proyectos de prevención, mitigación, recuperación y reconstrucción. En tal sentido, promover la coordinación a través de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas.
32. Promover prácticas coordinadas y transparentes en la emisión gubernamental de permisos, entre otras medidas, por medio de ventanillas únicas de gestión, incluido en el área de la construcción, como una medida para prevenir la corrupción, y fomentar la competitividad y agilizar los permisos correspondientes.
33. Implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción.
E. Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos
34. Avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular la prevención y el combate del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, continuando la implementación, antes de la IX Cumbre de las Américas, de las recomendaciones aplicables de las rondas específicas del Mecanismo de Revisión de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como también de las recomendaciones de las sucesivas rondas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC).
35. Adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, incluidos el cohecho interno e internacional, cuando no esté previsto en la legislación nacional.
36. Considerar la prestación de asistencia, de la manera más amplia posible, cuando sea procedente y esté de acuerdo con los respectivos ordenamientos jurídicos internos, a las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con los actos de corrupción cometidos por personas físicas o jurídicas.
37. Promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional.
38. Promover entre las autoridades competentes el uso de mecanismos ágiles de intercambio de información, cooperación y trabajo coordinado para la investigación y persecución de actos de corrupción.
39. Promover la cooperación entre las instituciones financieras y los órganos de supervisión financiera, y las instituciones encargadas de la investigación y enjuiciamiento de los actos de corrupción para una respuesta rápida y efectiva en las investigaciones internacionales, así como para la recuperación de activos.
40. Fortalecer el marco internacional de cooperación jurídica e institucional para prevenir que los sistemas financieros de la región puedan ser utilizados para la transferencia y ocultación de fondos provenientes de actos de corrupción, incluyendo aquellos tipos penales contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
41. Impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas a través de las instituciones competentes, para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción.
42. Profundizar la participación de nuestros Estados en las redes e iniciativas multilaterales contra el lavado de activos, a través de la prestación de la más amplia y pronta asistencia en la identificación, rastreo, embargo preventivo, confiscación, decomiso y recuperación de activos.
43. Adoptar medidas efectivas contra la elusión, así como combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos producto de la corrupción y para la identificación de beneficiarios finales.
44. Promover la transparencia en el intercambio de información tributaria y solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que considere fortalecer la cooperación en esta área entre nuestros países, de conformidad con el marco internacional existente.
F. Fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción
45. Continuar fortaleciendo el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), identificando los recursos para fortalecer sus operaciones, con miras a enfrentar más eficientemente los nuevos retos que presenta la corrupción en el Hemisferio.
46. Solicitar al MESICIC que promueva el intercambio y la difusión de buenas prácticas, capacidades técnicas y medidas orientadas a fortalecer los marcos jurídicos e institucionales para prevenir y combatir la corrupción, que contribuyan a la implementación de sus recomendaciones.
47. Solicitar al MESICIC que coordine con otros organismos internacionales y regionales anticorrupción a fin de promover sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
48. Seguir avanzando a través de medidas concretas en la implementación efectiva de las recomendaciones realizadas por el MESICIC antes del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en 2020.
49. Solicitar al MESICIC que en el marco de sus competencias desarrolle una iniciativa para la observación y medición de las políticas de lucha contra la corrupción con el fin de formular indicadores y promover mecanismos de prevención de la corrupción, valorar el impacto y los avances de las políticas públicas, consolidar un banco de buenas prácticas regionales y hacer análisis temprano de riesgos.
50. Impulsar el Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) como foro para compartir mejores prácticas de gobernabilidad democrática y gobierno abierto. .
51. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que apoye la implementación y el fortalecimiento de programas nacionales, con una perspectiva de derechos humanos, para
desarrollar la capacidad de la policía, fiscalía, poder judicial y órganos de control interno, a fin de combatir los actos de corrupción, incluyendo aquellos vinculados al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego y otras armas, y el comercio ilícito de mercancías y de fauna silvestre.
G. Seguimiento e informes
52. Solicitar al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) que asista con recursos y capacidades técnicas a los Estados, a fin de que puedan implementar los compromisos adquiridos en materia de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción en el marco de esta Cumbre, incluidos los referidos a la implementación de legislación, fortalecimiento institucional, capacitación y cooperación.
53. Tomar nota de las recomendaciones del Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales, Foro de Jóvenes de las Américas, Foro de los Pueblos Indígenas, la Red de Parlamento Abierto de ParlAméricas y el Diálogo Empresarial de las Américas.
54. Tomar nota del “Compromiso del sector privado para la transparencia” del Diálogo Empresarial de las Américas, presentado en la III Cumbre Empresarial de las Américas, y formular un llamado al sector privado en general para que adopten iniciativas similares.
55. Actuar de manera que las acciones de seguimiento emanadas de este Compromiso de Lima promuevan el avance sobre la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el Hemisferio.
56. Reconocer la importancia de la Secretaría de Cumbres en el seguimiento de la implementación de los mandatos e iniciativas derivados de la VIII Cumbre de las Américas y las Cumbres anteriores, así como de secretaría técnica, memoria institucional del proceso y de instancia de coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC), recordando que todas las tareas originadas de este Compromiso de Lima y de las Cumbres anteriores, cuya ejecución competa a la OEA, deberán implementarse respetando la necesaria sostenibilidad presupuestaria de la Organización.
57. Encomendar al Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) que informe a través de la Presidencia del Proceso de Cumbres de las Américas sobre la implementación del presente Compromiso.
i Estados Unidos subraya que el párrafo 18 de la Agenda 2030 hace un llamado a los países para que implementen la Agenda de conformidad con los derechos y obligaciones de los Estados, según el derecho internacional. También destaca su reconocimiento compartido en el párrafo 58 de que la implementación de la Agenda 2030 debe respetar y no perjudicar los mandatos independientes de otros procesos e instituciones, incluidas las negociaciones, y no prejuzga ni constituye un precedente con respecto a decisiones y acciones que se encuentren en marcha en otros foros. Por ejemplo, esta Agenda no constituye un compromiso de suministrar un acceso a nuevos mercados para bienes o servicios. Esta Agenda tampoco interpreta ni modifica ningún acuerdo ni decisión de la Organización Mundial del Comercio, incluido el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
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