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¿Quousque tandem abutere, Cristina Kirchner, patientia nostra? ¿Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? ¿Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?


EL PUEBLO QUIERE SABER: Todos los días se descubren nuevos actos de latrocinio y corrupción del kirchnerismo. ¿Cuánto le costará al país los desmadres del KIRCHNERATO?

sábado, 10 de diciembre de 2016

DESTIÑE

Panorama político nacional de los últimos siete días

Se altera el color de la Casa Rosada

El Presidente ha llamado “impostor” a uno de los líderes de lo que sus propios funcionarios han designado como “la oposición racional”. El jefe de gabinete, Marcos Peña designó al mismo dirigente (Sergio Massa) como “el político menos confiable”. La Casa de Gobierno luce alterada.

Los ataques contra la oposición son reacciones porque la Cámara de Diputados (evidenciando, como solía reclamársele, que no es una escribanía del Poder Ejecutivo) dio media sanción a un proyecto que reforma el impuesto a las ganancias con criterios diferentes a los del oficialismo.

"¿Cómo (Macri) no va a estar enojado, si después de todos los gestos que tuvo con él, Sergio le paga juntándose con el kirchnerismo y armando un proyecto que pone palos en la rueda en el final del año?", argumentó al diario Clarín un miembro del “entorno presidencial”.

Ese razonamiento merece ser examinado. En primer lugar, lo de “juntarse con el kirchnerismo” es algo que el mismo oficialismo se preparaba a hacer. El presidente de la bancada del Pro, Nicolás Massot, estimó la posibilidad de una coincidencia en este tema con el bloque K ("Es posible, no sería la primera vez") y admitió que había conversado “de manera muy amable” con Axel Kicillof ("una persona distinta a la que me imaginaba"). Se trataba de una actitud plausible: a su bloque no le alcanza el número propio para avanzar sin la aprobación de otros. En esa situación están todas las fuerzas de la Cámara. Ninguna tiene un número que le garantice autonomía plena, todas deben buscar acuerdos. Las más de cien leyes que aprobó el Congreso en este período legislativo fueron frutos del acuerdismo.

En segundo lugar: fue el Poder Ejecutivo el incluyó el tema del impuesto a las ganancias en las sesiones extraordinarias. En rigor admitió in extremis el tratamiento del tema pues, aunque había de por medio un compromiso de campaña, pretendía postergarlo hasta el año próximo. Cuando la oposición exhibió una decisión unificada y numéricamente suficiente para no postergarlo, se avino y apostó sus fichas a frenar la iniciativa impulsada por renovadores y poskirchneristas a través de conversaciones con gobernadores peronistas o, eventualmente, a modificar y atemperar aquella iniciativa opositora en acuerdo con alguno de los bloques del arco opositor (fuera el massismo, el poskirchnerismo o el kirchnerismo de Kicillof).

La decisión de confrontar

Sin embargo, el oficialismo legislativo recibió la instrucción de envolverse sin concesiones en el proyecto propio. Joaquín Morales Solá, un columnista bien informado sobre los designios oficiales, constató: “Por primera vez el Gobierno se negó a negociar su proyecto(…) ¿Qué pasó para que no hubiera espíritu de acuerdo esta vez?”.

Pese a no compartir el proyecto aprobado por la Cámara Baja, el ex ministro de Economía radical José Luis Machinea, señala que “sin duda el Poder Ejecutivo tiene una clara responsabilidad. En primer lugar, demoró en exceso el envío del proyecto al Congreso y, en segundo lugar, envió un proyecto a sesiones extraordinarias sin evaluar políticamente la posibilidad de aprobarlo. Inexplicable para un gobierno que tiene minorías en ambas cámaras. Un error político con costos mucho mayores que en otras ocasiones”.

Quizás no se trató de un error involuntario, sino de una decisión. Parece claro que el Poder Ejecutivo decidió privilegiar una estrategia electoral de confrontación y polarización a su construcción político-legislativa de acuerdos y consensos. Ese es quizás el fruto del “retiro espiritual” oficialista de Chapadmalal, que lejos de ser una especie de pijama party de funcionarios, como lo banalizaron algunos críticos, marcó un punto de giro, un posicionamiento hacia el segundo año de gobierno.

Así, el Poder Ejecutivo decidió (inclusive a costa de una derrota parlamentaria) responder con hechos a una propuesta que surge desde distintos sectores que le sugieren buscar una política de consensos y acuerdos para fortalecer la gobernabilidad y ofrecer un horizonte previsible hacia adentro y hacia afuera, que facilite las esperadas (y postergadas) inversiones.

Esa tesitura adquirió una voz fuerte en el seno de la propia coalición oficialista en la figura de Emilio Monzó. El presidente de la Cámara de Diputados señaló que el gobierno se encuentra en un momento oportuno para introducir cambios y oxigenar la situación política con acuerdos.

Desesperación y pérdida de iniciativa

Si bien se mira, fueron acuerdos los que le permitieron a Macri gobernar este año y aprobar leyes, algunas de ellas fundamentales. En cambio, fue la unilateralidad la que llevó al gobierno a perder la iniciativa y a sostenerse retrocediendo (un proceso que se inició con el incremento inconsulto de tarifas, cuando perdió en la calle, en el Congreso y en la Corte; y que no se ha detenido).

Para Macri, la posición de Monzó “expresa un microclima en el cual vive, que es el de la Cámara de Diputados, que es distinto al del gobierno”. Cuando dijo eso, ¿estaba el Presidente dibujando un conflicto en ciernes entre la Casa Rosada y el Congreso?

Las huestes legislativas del Pro han trabajado fuerte (y exitosamente) en la línea de los consensos. Y se sintieron destratadas cuando, por ejemplo, el Ejecutivo modificó por decreto de necesidad y urgencia la cláusula de la ley de blanqueo para permitir que puedan acogerse a él familiares directos de miembros del gobierno. “Tengo que darle apoyo al decreto pero no me pregunten mi opinión personal” se desmarcó, como pudo, la vicepresidente Gabriela Michetti. Es que ese aspecto de la ley había sido una de las llaves para que el Congreso aprobara la ley (Elisa Carrió exigió que los familiares directos no pudieran acogerse y seguramente hablará del asunto cuando regrese de Estados Unidos). Por otra parte es evidente que un decreto no puede reformar una Ley: si el Ejecutivo o algún particular tenía objeciones jurídicas que hacer, debía plantear ante la Justicia su eventual declaración de inconstitucionalidad.

Para algunas cabezas de la Casa Rosada los planteos acuerdistas son una reiteración de los que, antes de las elecciones, atribuían al “círculo rojo”, cuando se exhortaba a Macri a acordar con Massa. “Ganamos sin ese acuerdo”, replican con orgullo.

¿El diluvio que viene?

Se trata de una mirada sesgada: Macri, en realidad, perdió la primera vuelta ante Scioli y ganó en la segunda con votos de otras fuerzas (principalmente la de Massa) y merced al impulso de una victoria excepcional en la provincia de Buenos Aires. Donde hoy su gobernadora, María Eugenia Vidal, practica una política de acuerdos con el peronismo (massistas y poskirchneristas) contradictoria con la que aconsejan los puristas de la Casa Rosada y ha sumado a un dirigente de ese tronco como ministro de gobierno.

Si la destemplada reacción de Macri y de Peña es algo más que un pasajero sangrar por la herida, el gobierno probablemente se esté embarcando en una apuesta aventurada con la ilusión –como ya se señaló en esta columna- de “definir la elección de 2017 en términos de nosotros o el diluvio”, de polarizar con el peronismo y adornar al adversario con la máscara del desprestigiado kirchnerismo. Se consumiría así la mitad de su período en una estrategia confrontativa sin garantía alguna de que pueda impedir el diluvio.

La confrontación espanta a los inversores y vuelve problemática la gobernabilidad. Especialmente si las fuerzas parlamentarias propias son insuficientes, la mayoría de los gobernadores son peronistas, la calle es un territorio ajeno, la economía sigue en veremos cuando ya se termina también el segundo semestre y las encuestas empiezan a mostrar caída de expectativas y crecientes críticas a la gestión oficial.

Jorge Raventos

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