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EL PUEBLO QUIERE SABER: Todos los días se descubren nuevos actos de latrocinio y corrupción del kirchnerismo / Albertismo . ¿Cuánto le costará al país los desmadres del KIRCHNERATO?

jueves, 26 de abril de 2012

Patriotismo con argumentos falaces

Por Federico Pinedo 
La estatización de YPF se hace con dos argumentos: la recuperación de la soberanía energética y el hecho de que las bajas inversiones llevaron a la pérdida del autoabastecimiento petrolero. El primero es falso; el segundo es producto deliberado de la política del gobierno kirchnerista.
La soberanía argentina sobre los hidrocarburos no está ni puede estar en peligro: el 100% del gas y del petróleo argentinos son estatales. Es el Estado democrático el que decide, con absoluta libertad, lo que se hace o se deja de hacer con los hidrocarburos. El gas y el petróleo son de las provincias porque así lo dispone la Constitución desde 1994, y son los estados provinciales los que deciden si contratan a empresas privadas para que los saquen, si hacen sociedades estatales para hacerlo o si constituyen sociedades mixtas (que parece ser la mejor opción, aunque no se aplica demasiado por los gobiernos provinciales kirchneristas).
La soberanía en este caso es de las provincias, pero claramente la expropiación de YPF tiene el fin oculto de que el Estado nacional dirija indirectamente este mercado en contra del federalismo, lamentablemente, apoyado por los gobernadores. Antes vendieron sus acciones de YPF a Repsol; ahora entregan la autonomía provincial sobre sus recursos naturales.
La falta de inversiones y la liquidación de reservas de gas y petróleo no han sido una decisión empresaria, sino el corazón de la política kirchnerista de gas barato para los bonaerenses, para tener votos, entregando el corto plazo a favor del Gobierno, por el largo plazo a favor del país. El largo plazo llegó y mientras Kirchner recibió una Argentina que exportaba energía por US$ 4000 millones anuales, este año importará entre 12.000 y 14.000 millones de gas, habiendo perdido el autoabastecimiento y habiéndose comido 100.000 millones de reservas hidrocarburíferas.

La confesión de Cameron

El secretario de Energía desde 2003, Daniel Cameron, dijo que ya en 2004 las inversiones en exploración habían caído 60% respecto del bienio 2000-2001: "La experiencia internacional aporta información respecto de los problemas de abastecimiento que están llamados a producirse en el mediano, y a veces corto, plazo, cuando el precio que percibe el productor de gas no permite cubrir las inversiones en reposición de reservas como consecuencia de regulaciones".
Cameron afirmaba que "los precios obtenidos debido al congelamiento impuesto por la crisis no permiten recuperar costos de exploración y producción"; que "el congelamiento del gas establecido hace ya más de 24 meses (en febrero de 2004) ha provocado una disminución significativa de las inversiones en exploración y explotación complementaria de hidrocarburos"; que "los actuales precios internos abonados por las distribuidoras de gas son manifiestamente insuficientes para cubrir inversiones necesarias para la movilización y reposición de reservas", y que existía el problema del "consecuente aumento del consumo y riesgo de problemas de abastecimiento" por "los bajos precios del gas que promueven una sustitución por precio". Las reservas comprobadas de gas de la Argentina muestran una caída desde 0,75 MMMm3 en 2001 a 0,44 MMMm3 en 2005, volviendo a caer en años subsiguientes.
A todo esto, Guillermo Moreno y los directores kirchneristas en YPF aprobaron el convenio de Repsol con el grupo Eskenazi por el que debía transferirse al exterior el 250% de las ganancias de 2008 y el 140% en 2009, mientras que la Secretaría de Energía recibía anualmente los planes de exploración de todas las empresas sin hacer nada. No llegamos aquí por casualidad, sino por decisión política de los gobiernos desde 2003.
El desafío actual es cómo generar miles de millones de dólares de inversiones que faltan. Las tomas de empresas por decreto, la expulsión de dueños frente a cámaras de TV, la violación de acuerdos y tratados, sólo harán que los nuevos inversores extranjeros que se asocien al Gobierno para hacer las inversiones cobren más, por mayor riesgo, perjudicando a las provincias dueñas del petróleo y a los consumidores.
¿Para qué hacer esto? ¿Sólo para engañar con argumentos falaces, hacerse el patriótico y seguir juntando votos por un tiempito?

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