JUSTICIA DOMADA

El ex fiscal de Investigaciones Administrativas y actual diputado Manuel Garrido advirtió que los magistrados no actúan con causas que involucran al poder porque saben que “van a sufrir consecuencias negativas”. El diputado nacional Manuel Garrido trazó un crudo panorama respecto del papel de la Justicia frente a presuntos actos de corrupción en el seno del Gobierno nacional, al sostener que ante una denuncia periodística, los magistrados no reaccionan, porque “todo el mundo sabe que el que hace una investigación que afecta al Gobierno va a sufrir consecuencias negativas en su carrera”. Contundente, afirmó que “todo el mundo está domesticado, los fiscales están en una situación en la que si abren una investigación y van para adelante, lo que va a pasar es que seguramente o le van a recortar facultades, o van a sufrir otro tipo de consecuencias negativas”. “De hecho, mi experiencia en la Fiscalía (de Investigaciones Administrativas) es una buena muestra de lo que puede llegar a pasar, y de hecho es lo que viene ocurriendo”, afirmó en declaraciones a radio Mitre. Agregó que “la Justicia Federal viene haciendo eso también; los casos graves de corrupción, con pruebas, terminan en la nada, porque lamentablemente también hay un gran nivel de corrupción o de intereses que hacen que los jueces no avancen en estos casos”. Así las cosas, aseguró que las investigaciones de oficio están “mal vistas”, y el que la impulsa “se arriesga a sanciones informales por parte del propio procurador, que es el abogado de la presidenta y de los funcionarios más importantes del Gobierno, o de otras estructuras de poder”. Por otra parte, el diputado nacional de la UCR dijo estar trabajando en un proyecto de protección de denunciantes de buena fe. “El tema es que los denunciantes, para ir y jugarse tienen que tener algún incentivo, como por ejemplo ser valorados y obtener alguna consecuencia de la justicia”. Lo dijo porque a su juicio, lo que ha venido ocurriendo todo este tiempo es que “muchas personas ponen en riesgo su vida, han tenido que mudarse, han perdido su trabajo, y el Estado no solamente no sanciona a los que ellos denuncian, sino que no le dan ninguna protección”.