CORRUPTAS

CORRUPCIÓN EN MADRES DE PLAZA DE MAYO
La revancha de Emerenciano: ¿Quién es delincuente, Hebe?

El mito de Madres de Plaza de Mayo volcadas a la construcción de viviendas un día iba a terminar. La organización no gubernamental devenida en desarrollador inmobiliario hace honor a todas las sospechas que acumula el kirchnerismo. Y vaya si no se habrán cometido injusticias en el trayecto hasta el inevitable escándalo...

. En el inicio del asunto, Sergio Schoklender fustigó al piquetero Raúl Castells y a la prensa, con ciertos sucesos en Chaco, que incluyeron, dicen, disparos de armas de fuego.

"Este circo está armado por Castells, Clarín y Canal 26", dijo el apoderado de la organización comandada por Hebe de Bonafini.

El representante de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo indicó que "no existieron tiros" y que "hace meses que no estoy en Chaco".

Emerenciano Sena, líder del Movimiento Social 17 de Junio, le había dicho a la agencia Noticias Argentinas que un grupo de 50 personas identificado con la Fundación de las Madres desalojó violentamente a balazos a las familias que habían ocupado las primeras casas construidas.

"El compromiso público fue de realizar 500 casas. Pero la obra se fue parando y en 14 meses llegaron a hacerse apenas 20 porque no llegaban los materiales", dijo el líder piquetero chaqueño.

En ese sentido, Sena contó que realizaron una denuncia ante el Fondo Nacional de la Vivienda para lograr la recategorización de los trabajadores de la obra.

Al parecer, esta denuncia fue la que motivó el enojo por parte de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo y el inicio de las causas judiciales.

"Quedó a la vista que entre el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y la Fundación desviaron los materiales de las viviendas y terminaron haciendo hospitales para la provincia.
Mientras, venían a la obra y firmaban los papeles para cobrar el dinero de las certificaciones", explicó el líder piquetero.

Sena siempre sostuvo que Schoklender tenía un control autoritario de los trabajos y que los obreros estaban en negro, aunque Madres de Plaza de Mayo afirmó que la ruptura llegó por la resistencia de Sena a que las obras fueran auditadas.

Schoklender dijo que "las organizaciones sociales administran los planes y nosotros solamente capacitamos a los trabajadores".

A su vez, denunció que ellos "no usaban la ropa que les mandábamos, sino la de ellos con el logo de su movimiento".

"Castells aprovecha cualquier cosa para subirse y estar en medio de un conflicto", señaló.

Schoklender también retrucó que Sena "les sacaba parte de los sueldos" a los trabajadores para financiarse.

Luego, obreros que habían trabajado con Sena, respaldados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presentaron una denuncia contra el dirigente social (asociación ilícita y reducción a servidumbre) ante el juez federal Eduardo Valiente, pero la investigación del fiscal Gustavo Corregido concluyó que no hubo “vulneración a la libertad de autodeterminación de las supuestas víctimas en el grado de afectación que exige el tipo”.

Detrás de la denuncia contra Emerenciano Sena estuvo Sergio Schoklender, en su calidad de apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La denuncia inicialmente se presentó en la Fiscalía de Investigación Nº 9 de Resistencia, tras el despido de varias personas que construían las viviendas del barrio Emerenciano, pero el fiscal actuante se declaró incompetente en el delito de Trata de Personas y él remitió la causa al Juzgado Federal, que a su vez puso en conocimiento al fiscal Federal para que se expidiera sobre la cuestión de la competencia.

La primera vez que el fiscal federal Corregido dictaminó que no hubo delito, Schoklender aseguró que lo denunciaría ante el Consejo de la Magistratura.

No fue fácil para Corregido no satisfacer los deseos de Schoklender.

Madres de Plaza de Mayo es un ícono del Frente para la Victoria y cualquier funcionario público conoce el costo de ir contra Madres de Plaza de Mayo, no importa el reclamo.

El proyecto Sueños Compartidos en Chaco es el producto de un convenio celebrado entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación (Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, o sea el polémico José López) y el IPDUV (Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda) chaqueño.

El marco del convenio es el Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, con fondos del Estado Nacional.


Corregido realizó una minuciosa instrucción y concluyó que no hubo “hallazgo de elementos objetivos que permitan subsumir las conductas denunciadas en el tipo penal de trata de personas”, ya que no hubo “vulneración a la libertad de autodeterminación de las supuestas víctimas en el grado de afectación que exige el tipo”.

Entonces, él le solicitó al juez que se declarase “parcialmente incompetente”, al menos en lo relativo a la denuncia de trata de personas.

Y que si se violaron otras normas del Código Penal, debería ocuparse la Justicia ordinaria.

Cuando Schoklender conoció el dictamen de Corregido, publicó solicitadas en medios gráficos advirtiendo que denunciaría al fiscal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El juez Valiente se demoró en decidir con respecto al pedido del fiscal.

Entonces Corregido insistió y el juez remitió las actuaciones al juez provincial en turno y se declaró incompetente en la cuestión.

Con respecto a la denuncia de Defraudación a una Administración Pública, Valiente adelantó que las diligencias procesales no permitieron determinar fehacientemente si los fondos en cuestión “pertenecen a la Nación o ingresan a las arcas provinciales”, como para determinar la competencia federal hasta que tuviera más elementos de juicio.

De esa forma, sólo desestimó la denuncia por el delito de trata de personas y se declaró parcialmente incompetente. Schoklender dijo que también pediría la cabeza del juez.

Schoklender hizo lo que hace todo el ladriprogresismo: utilizar los supuestos derechos humanos para amparar sus beneficios personales.

Él dijo acerca del juez y el fiscal: "Es una contradicción decir defender los Derechos Humanos, persiguiendo a los genocidas responsables de la Masacre de Margarita Belén y das vuelta la cara a lo que está sucediendo en tu pueblo, tu provincia, donde ahora es tu casa".

Madres de Plaza de Mayo decidió hacer caza de brujas y fue sobre Marcela Acuña, esposa de Emerenciano Sena, "quien al parecer está cobrando un sueldo de Desarrollo Social, los abogados de la Fundación presentaron un pedido de informe, hicimos la denuncia y el sumario desapareció en alguna cartera administrativa, todo está investigándose. Lo único que la fundación no va a hacer es parar sus obras, ni bajar el ritmo de trabajo en la provincia, es más, vamos a duplicar esfuerzos", dijo Schoklender en nombre de Hebe de Bonafini.

Sergio Schoklender aseguró, "Sena es protegido por algún sector político que se equivoca, porque existe un proyecto nacional y provincial que no puede vivir bajo la extorsión de una persona que no representa al pueblo, sino que son delincuentes. Emerenciano Sena, Quintín Gómez y Marcela Acuña son los cabecillas de una asociación ilícita que utilizó y desprestigió el nombre de un movimiento de desocupados, que son un orgullo en las organizaciones sociales. Pero esta protección politiquera barata en algún momento se va a terminar".

Schoklender siguió presionando y tuvo éxito en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que ordenó la reapertura de la causa que investiga el delito de trata de personas iniciada por los trabajadores despedidos del ex Campo de Tiro, empleados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y agrupados en el MTD Emerenciano.

Los camaristas temerosos de Schoklender fueron Ana Victoria Order y Luis Alberto Aguilar.

Order y Aguilar devolvieron al juzgado de origen el expediente desestimado por el fiscal Gustavo Corregido.

“La Cámara entiende que esos elementos no fueron considerados y ahora la causa debe remitirse al juez de primera instancia para que se expida al respecto”, explicó la mano derecha de Schoklender, Alejandro Armoa, querellante en nombre de los trabajadores y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo contra Emerenciano Sena.

Pero ahora hay un escándalo importante con Schoklender, Fundación Madres de Plaza de Mayo y el dinero enviado por la Nación, no solamente en Chaco sino en todos los emprendimientos de Hebe de Bonafini. La situación ayuda a ubicar en otra perspectiva lo de Chaco. Y también a preguntar si no hubo parcialidad judicial de la Cámara porque se trataba de Madres de Plaza de Mayo.

Según la información oficial de Madres de Plaza de Mayo, existen 5.609 viviendas proyectadas y en construcción en todo el país. Además, hay 19 centros de salud en los planes.

De acuerdo a Mariano Obarrio en el diario La Nación:

"(...) Según fuentes de la Casa Rosada, la Presidenta estalló de furia contra Bonafini y su administrador y abogado, Sergio Schoklender, que anteayer renunció al manejo financiero en medio de graves denuncias de irregularidades con fondos de la Secretaría de Obras Públicas destinados a las viviendas que construyen las Madres.

"Esto es una explosión en la relación con las Madres", dijo anoche a LA NACION un miembro del entorno de Cristina Kirchner. "La primera entidad de derechos humanos a la que el Gobierno ayudó está investigada por corrupción con fondos públicos para viviendas de gente pobre, imagínense", se lamentó la fuente.

La renuncia de Sergio Schoklender, revelada ayer por Clarín, se produjo tras una pelea con su hermano Pablo, que ahora lo sucede en el control de los recursos de la fundación, y con Hebe de Bonafini , que lo echó. El caso causó un inusual malestar porque involucra a una entidad que es pilar de la gestión kirchnerista y emblema del "proyecto nacional y popular".

Además, el tema tiene profundas implicancias políticas. Según pudo saber LA NACION, el estallido del escándalo es parte de la guerra entre el Gobierno y el jefe de la CGT, Hugo Moyano. El entorno moyanista accedió a información de punteros barriales disconformes con el manejo de las viviendas y la usó para presionar a la Casa Rosada.

(...) La trama del escándalo comenzó cuando se supo que un conocido puntero kirchnerista de Villa Soldati, descontento con el manejo de las viviendas de Madres de Plaza de Mayo, dio información al entorno de Moyano sobre las irregularidades que implicarían a Schoklender y al Gobierno. Esa infidencia llegó a oídos del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y de la Presidenta, lo cual desató el nerviosismo y la furia oficial.

(...) Según la información que circuló ayer, Schoklender, que había decidido no hablar ante la prensa y al que se le adjudica un nivel de gastos excesivo, sería socio de una empresa que elabora casas prefabricadas como la que se instaló en el Club Albariño de Villa Lugano, presentada en un acto al que asistió la Presidenta y sus principales funcionarios.

Precisamente, punteros de ese barrió y de Villa Soldati, que tuvieron notoriedad en la toma del Parque Indoamericano, desataron en estas horas peleas internas y pases de factura por la disconformidad de esas construcciones."


Y en el diario Clarín:

"La Coalición Cívica volvió a pedir a la Unidad de Información Financiera que investigue a Sergio Schoklender por posible blanqueo de dinero de origen ilícito a partir de la compra de dos terrenos. La diputada nacional Elsa Quiroz hizo una denuncia el año pasado que reiteró ayer públicamente luego de la renuncia de Schoklender a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, organismo que él gerenciaba desde que comenzaron a construir viviendas sociales con dinero del Estado nacional.

Quiroz dijo a Clarín que “el uso de los fondos públicos, sea por una persona o una asociación, amerita los controles necesarios. No me consta que estas operaciones hayan sido realizadas con esos fondos pero sí que encontramos irregularidades ”, explicó.

(...) Quiroz recibió el año pasado una serie de documentos que probaban dos operaciones inmobiliarias sospechosas ejecutadas por Schoklender. Se trataba de dos terrenos -con casas incluidas- compuestos de 12 lotes uno y de 4 lotes el otro vendidos a tarifas insólitas: US$ 95 mil y US$ 65 mil respectivamente.

El costo era mucho menor de lo previsible si se toma en cuenta que la primera propiedad estaba compuesta por una casa de 19 habitaciones, 14 baños, cancha de tenis, cancha de fútbol, vestuarios, juegos para niños, quincho y piscina de 145 m2. La segunda tenía como destino un plan de viviendas de las Madres.

La sociedad compradora se llamaba Antártica Argentina pero detrás de esta firma -que no acredita personería jurídica-, aparecía Schoklender.

Esta situación quedó demostrada cuando el vendedor, Jorge Alberto Grisolía, inició un juicio de ejecución a Schoklender por falta de pago. Con esa información, la Coalición Cívica fue a la UIF donde hasta ahora sólo obtuvieron como respuesta que “no hay información”. (...)".