IRRACIONAL ENFRENTAMIENTO

INSÓLITO E IRRACIONAL ENFRENTAMIENTO

Resulta inadmisible por más desavenencias que existan coyunturalmente, que las máximas autoridades de la nación, no expresen su público desagravio, a la Corte Suprema como institución, reconocida por la inmensa mayoría de los argentinos como prestigiosa y, a la masillada honorabilidad de sus magistrados, considerados por la población como íntegros y honestos.

Por Aldo Norberto Bonaveri (*)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, viene sufriendo embates inusitados por parte del Gobierno nacional, lo que resulta una alerta para la democracia que debe funcionar sobre la base de la división de poderes y, el respecto que cada uno de ellos corresponde conservar sobre las potestades de los otros dos.

Por estos días estamos transitando un período de tensión institucional no recordado, al menos desde el advenimiento de la democracia. Desde el Poder Ejecutivo se vienen cuestionando una serie de fallos emanados del alto tribunal, a los que no se contenta con plantear sus disidencias, sino que va mucho más allá, haciendo lo indecible para que dichas sentencias no se ejecuten.

Sin necesidad de remontarse demasiado atrás, con solo observar los acontecimientos ocurridos en los últimos 20 días, no podemos menos que considerar realmente preocupante el chisporroteo que se está produciendo al respecto. Sin la intención de profundizar sobre cada caso en particular, solo mencionaré las causas que tanto molestan al Gobierno.

La Corte Suprema ordenó al gobernador de Santa Cruz restituir en su cargo a Eduardo Sosa, quien fuera anómalamente destituido en 1995 por el entonces mandatario de la provincia patagónica, Néstor Kirchner, de sus funciones de Procurador General de la Provincia. La medida del máximo órgano judicial no es apelable, pero el gobernador Daniel Peralta (manejado desde Olivos por control remoto) hizo caso omiso, justificado en su proceder por el kirchnerismo. Ante el incumplimiento la Corte le da intervención al Congreso, con lo que el tema se politiza.

Chile en su oportunidad, sin distinción de banderías, solicitó a nuestro país la repatriación del guerrillero trasandino Sergio Galvarino Apablaza Guerra, acusado de haber ideado el asesinato del ex senador Jaime Guzmán y de haber participado del secuestro del empresario periodístico Cristian Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991, cuando en la hermana nación el presidente era Patricio Alwin. Tras estudiar el caso la Corte Suprema de Justicia recomendó que se otorgue la extradición, no obstante en este tema la palabra final la tiene el PE.

De todas maneras, el pronunciamiento del máximo tribunal no se compadeció con el pensamiento del Gobierno. El asunto fue entonces resuelto por la Comisión Nacional de Refugiados “CONARE”, un organismo interministerial, que otorgó el beneficio de refugio político al sedicioso chileno. La medida ha caído muy mal Chile y, su Gobierno se encuentra ofendido, puesto que una negativa de esta naturaleza, se concede cuando se presume que en el país de origen no existen garantías de un juicio justo. Esta situación puede traer consecuencias muy negativas para la futura relación bilateral.

El Gobierno Nacional recortó en cerca del 40% el presupuesto del 2011 solicitado por la Corte; según lo que sostienen en el Centro de Informaciones Judiciales “CIJ”, el monto requerido para el mejor funcionamiento de la justicia, está fundamentado por los ingresos que recauda el Alto Tribunal, en concepto de rentas generales y tasa de Justicia, no obstante no podrá ser utilizado sin previa autorización de la Jefatura de Gabinete.

La ley de medios audiovisuales fue objeto de varias presentaciones ante la justicia, de quienes se sienten damnificados, como es de público conocimiento distintos jueces federales hicieron lugar, a algunas de esas impugnaciones, las que fueron apeladas por el Gobierno. Según expresan quienes están al tanto de los movimientos tribunalicios, se aguarda para los próximos días un dictamen de la Corte, que de acuerdo a las estimaciones de los expertos, declararía la inconstitucional de la cláusula de desinversión, justamente uno de los artículos medulares para las intenciones K.

Presumiendo un revés judicial, la Presidenta además de no ahorrar criticas, advirtió que concurriría a la justicia internacional para defender las diferentes sentencias adversas a la ley de medios audiovisuales. Simultáneamente, el presidente consorte embistió públicamente a la Corte, con la pretensión que no se expida en contra del pedido oficial sobre la ley de referencia.

Es evidente, que pese a haber sido anticipado por prestigiosos especialistas, cuando se debatía el tratamiento de la ley de medios, si se confirma la inconstitucionalidad del artículo de marras, el Gobierno pierde la herramienta fundamental para disciplinar a los grandes grupos y, especialmente a Clarín; un traspié de esa naturaleza no es concebido dentro de la lógica K, de allí que está jugando todas sus cartas para impedirlo.

Dentro de las acciones destinas a tal fin, desde los entornos próximos al corazón del poder, se pergeño la marcha hacia el Palacio de Tribunales de la semana pasada, ampliamente fogoneada por el programa 6 7 8 que se emite por Canal 7 y, grupos políticos afines.

A la convocatoria acudió una multitud estimada en 20.000 personas que se apostó en la plaza Lavalle, presionando a la Corte Suprema de Justicia, para que rechace la medida cautelar que tiene en tratamiento y, que demora la instrumentación de la ley, al impugnar el artículo 161. Precisamente el que fija el plazo de un año para que las empresas periodísticas se adecuen a la regulación sancionada por el Congreso.

Una manifestación de ésta naturaleza en el imperio de la democracia no ameritaría objeciones, por más que las expresiones fueran críticas en el marco del respeto, principalmente cuando los destinatarios de la ellas son los altos magistrados de la nación. Con esas características se fue desarrollando el acto y sucediendo los oradores, hasta que llegó el turno de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Lo cierto es que la arenga de barricada proferida en la ocasión fue un cúmulo de diatribas y dicterios, que solo basta repasar en uno de sus párrafos para justipreciar en su verdadera dimensión: "Qué le vamos a decir a estos turros de la Suprema Corte, que le vamos a decir a los que hicieron posible la tortura y la muerte, qué le vamos a decir a los que apoyaron la dictadura militar, a la Suprema Corte, que no sé por qué Suprema y por qué Corte, que no sé por qué carajo están en un palacio, que se reúnen a espaldas de nosotros, que les pasan sobres con plata para asegurarles la vida de ellos y de toda su cría, que le van a dejar estos turros a los hijos, la herencia de la dictadura. Por favor compañeros, no dejemos la calle, la calle es nuestra, hagamos una marcha por mes si es necesario".

En otro pasaje le reclamó a los jueces que "renuncien y se vayan si no quieren apoyar al pueblo", vociferando ha "arrancarle a esta Corte la decisión que es nuestra, arranquémosela de la mano, y si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomésmolo..."

Quienes absortos seguimos los acontecimientos por televisión, pudimos apreciar como a adláteres kirchneristas tales como: Gabriel Mariotto, Carlos Kunkel, Gabriel Basteiro, Diego Bossio, Julio Piumato, Dante Gullo. Teresa Parodi, Andrea del Boca, Ester Goris, Florencia Peña, Ignacio Copani y Anabel Cherubito, entre otros, avalaban con aplausos los exabruptos.

El arco opositor masivamente descalificó las expresiones vertidas por Hebe de Bonafini; distintas instituciones, tales como: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, expresaron criticas muy severas en el mismo sentido, destacándose el comunicado emitido por el Centro de Estudios Legales y Sociales, (organismo de derechos humanos cercano al oficialismo), que cataloga de “horribles e inaceptables”, las palabras de la dirigente de las madres. La particularidad reside en que el texto es rubricado por su presidente, Horacio Verbitsky, que como es público y notorio, se trata de uno de los periodistas más afín al régimen K.

Si bien el proceder del columnista de Página 12 es sensato y a mi entender el que corresponde, lo que llama la atención es el silencio del Gobierno, haciendo valido el refrán “Del que calla otorga”. Ni la Presidenta, ni sus ministros, salieron a desautorizar a la exaltada disertante. Resulta inadmisible por más desavenencias que existan coyunturalmente, que las máximas autoridades de la nación, no expresen su público desagravio, a la Corte Suprema como institución, reconocida por la inmensa mayoría de los argentinos como prestigiosa y, a la masillada honorabilidad de sus magistrados, considerados por la población como íntegros y honestos.

Dentro de las espadas importantes del Frente para la Victoria, son contadas las excepciones que expresaron su desaprobación a Bonafini. En tal sentido corresponde citar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien textualmente manifestó: “Podemos vivir una democracia intensa, que haya mucho debate, pero todos tenemos que respetarnos más. Entre los legisladores alzó la voz el jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Ángel Pichetto, el que elogió al tribunal, expresando: "La Corte tiene jueces probos y honestos".

En el plano de los intelectuales K, cabe destacar al filósofo Ricardo Forster, propulsor del movimiento Carta Abierta, el que conceptúo "El discurso fue extemporáneo, muy poco feliz y no ayuda a defender lo que hay que defender, que es la palabra y la libertad de prensa". Y lo más substancial, señaló que: "hubiera sido bueno que alguien del Gobierno se haya despegado".

(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo de Aldo Norberto Bonaveri por gentileza de Pregón Agropecuario.