LA PLATA DE LOS JUBILADOS

LA PLATA DE LOS JUBILADOS NO ES DE TODOS

Por Elena Valero Narváez

En la década del 90 se comenzó una reforma del Estado que tendió a reducir ostensiblemente el sector público, factor importante en el aumento extremado de la burocracia, la corrupción, el gasto y la inflación. Una vez que ésta fue controlada, las leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado permitieron llevar adelante cambios estructurales que tendieron a crear condiciones mucho más favorables para la actividad privada. Lamentablemente no se siguió por ese camino y el gobierno actual ha regresado al Estado Benefactor creando, con el cambio de rumbo, perturbaciones graves a la capacidad de crear riqueza de las empresas. Por eso es, que ha debido recurrir a la exacción o robo a los empresarios e inversionistas generando la huída masiva de capitales.

El estado abandonó su rol, por definición, de árbitro y garante del orden para dedicarse a hostigar y disminuir a la propiedad privada.

Hoy, la prensa, en general, subraya la sustracción del Estado al ahorro de los jubilados, en la actualidad, uno de los sectores mas postergados.

Al proyecto de la oposición, de aumentar el 82 % móvil del mínimo de las jubilaciones, se oponen el oficialismo y, también, economistas respetables quienes aseguran que “es imposible” por falta de fondos suficientes para realizarlo.

La palabra “imposible” hay que aplicarla con cuidado cuando no considera una necesaria reforma del Estado que disminuya el sector público y aumente de éste modo la solvencia fiscal.

Es cierto que el aumento choca con problemas suscitados por la necesidad de un ajuste fiscal, consecuencia de políticas no sustentables llevadas a cabo por este gobierno y por la falta de una política previsional que responda a la realidad. Ejemplos se pueden citar a montones como los 2,2 millones de beneficiarios sin aportes y los innumerables regímenes especiales que permiten a la gente jubilarse siendo aún muy jóvenes.

Además, a la acumulación de juicios por no respetar la movilidad y la estatización del régimen de capitalización se agregan los subsidios al sector energético y al de transportes, los que permiten subsistir a las empresas obligadas, demagógicamente, a no actualizar las tarifas, y a financiar déficits de empresas estatales como el escandaloso caso de Aerolíneas Argentinas. También el fútbol gratis para todos y la televisión pública. No olvidemos los subsidios destinados a cubrir pérdidas de empresas privadas seleccionadas por el gobierno , ni los que van al Ministerio de Planificación, a las Madres de Plaza de Mayo ni el apoyo financiero a las llamadas organizaciones sociales y grupos piqueteros como los del Sr D” Elía, entre muchos otros, que no ayudan a hacer posible el proyecto que defiende la oposición.

Es decir , si se utiliza el dinero de la ANSES - que tiene un claro destino al pago de los jubilados- para otros fines, como los señalados, entonces sí es posible que el dinero disponible no alcance para financiar el legítimo y legal aumento, como lo indica el fallo de la Corte en el caso Badaro, para poder llegar al nivel del histórico 82% móvil. Hoy - en promedio- apenas alcanza al 36% del sueldo medio de los trabajadores formales.

Resulta así, que la palabra “imposible” esgrimida por el oficialismo, no es apropiada si no se explicita- al mismo tiempo- que cambiando de política previsional, disminuyendo los subsidios y eliminando déficits del sector público, actualmente financiados con el dinero de la ANSES, se podría mejorar considerablemente la situación de los jubilados, como pretende el proyecto de ley que se discute actualmente en el Congreso de la Nación.

El ahorro de la clase pasiva no es de todos, como lo expresó la Presidente con falta de prudencia y objetividad, hace unos días. No debe utilizarse, por lo tanto, para los fines que se le ocurran al gobierno.

Las personas están antes que el Estado. Por ello, se deben respetar las decisiones individuales y abandonar las que, en nombre de una planificación centralizada, utilicen dinero ajeno, pretendidamente, para satisfacer intereses de todos.

Al sistema previsional debe mantenérselo a cubierto de toda posibilidad de intervención estatal que signifique disponer inapropiadamente de sus recursos para fines distintos para los que fueron creados.

El encarecimiento progresivo de los precios, debido a políticas inflacionarias, hace insostenible la situación de muchos jubilados que ya no pueden hacer frente a compromisos y necesidades imprescindibles.´

La insensibilidad del Gobierno es tremenda porque, además de hacer oídos sordos a auténticos reclamos, usa millones de pesos de las Cajas para fines que nada tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los jubilados. Urge que dé término a los abusos en los que está incurriendo en momentos de cada vez mayor desequilibrio financiero y cambie una conducta incompatible con las normas éticas en que debe fundarse la administración de dinero ajeno.

Ni oficialistas ni opositores debieran olvidar que, por el aumento de la expectativa de vida en el mundo occidental, cada vez es más grande la franja de jubilados que son llamados a tener una importante incidencia en las elecciones. Más les vale, entonces, comenzar a tenerlos seriamente en cuenta.

Es de esperar que la Presidente se haga cargo de la responsabilidad que tiene por el aumento del costo de vida, el cual sigue aumentado y se está elevando peligrosamente, al punto que, jubilados, pensionados y todos los que perciben bajos salarios. están pasando por una grave situación de ansiedad y privación. Son víctimas del torpe y deshonesto manejo de la política oficial, como lo es el gasto público, en constante aumento, producto de la impotencia y falta de capacidad de los responsables de esta desastrosa gestión que nos detiene y atrasa.