
APRIETES Y ACTOS “NO ADMINISTRATIVOS”
Por el Dr. Jorge R. Enríquez (*)
CRITICA
Crítica fue un extraordinario diario, que hizo historia en el periodismo argentino, fundado por el periodista uruguayo Natalio Botana en los primeros años del siglo XX.
Hace unos años, Jorge Lanata reflotó esa marca histórica y lanzó un nuevo matutino, del que se desvinculó como director, tiempo después. El periódico continuó funcionando y, si bien no llegó a alcanzar una tirada importante, se destacó en especial por sus investigaciones de casos de corrupción que salpican al gobierno nacional.
Los problemas económicos de la empresa editora determinaron que en las últimas semanas se atrasara en los pagos de los salarios de sus trabajadores. Esto generó un conflicto gremial, que se halla en curso.
Ahora bien, tales problemas económicos pueden haberse producido por diversas causas. Una de ellas tal vez sea que el nivel de ventas del diario es inferior al estimado en las proyecciones económicas de sus dueños. Acaso haya habido también un deficiente manejo empresarial. No podemos saberlo.
Sin embargo, fuentes del diario han manifestado que la causa principal sería el retiro de publicidad oficial y también de publicidad de empresas privadas, en este último caso por presión del gobierno.
Esto último es difícil de demostrar, pero plenamente verosímil en el universo kirchnerista.
Esas "sanciones" se deberían al hecho de que Crítica publica regularmente informes sobre hechos de corrupción que no dejan bien parados a varios funcionarios oficiales.
Ante este panorama, resulta insólito que cuatro diputados kirchneristas -entre ellos, Dante Gullo- hayan presentado un proyecto de declaración que le solicita al Poder Ejecutivo que no aporte publicidad oficial a Crítica. Es como taparle la boca y la nariz a una persona que tiene problemas respiratorios.
Por lo menos, este proyecto deja en claro -por si hacía falta- cuál es el método kirchnerista respecto de la libertad de expresión: fastuosos salarios para los periodistas obsecuentes de Canal 7, generosa publicidad oficial para los medios adictos y asfixia económica para las otras voces, esas que, con inigualable cinismo, se dice querer preservar a través de la ley de medios audiovisuales.
MORENO Y LOS "NO ACTOS ADMINISTRATIVOS”
Ha trascendido que el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno - ese que según algunos periodistas no iba a integrar el gobierno de Cristina Kirchner, porque ésta inauguraría una etapa de calidad institucional - , les anunció por teléfono a las grandes cadenas de supermercados que a partir del 1° de junio ya no se importarán alimentos que se produjeran en el país.
Como sabemos, el grado de apertura económica de los países es motivo de eternos debates entre proteccionistas y librecambistas. De un lado se destacan las ventajas de favorecer el comercio, porque sin importaciones tampoco hay exportaciones; del otro, se pondera la idea -expuesta alguna vez por Aldo Ferrer- de "vivir con lo nuestro", aún a costa de industrias poco eficientes.
Lo cierto es que ningún país es completamente librecambista ni proteccionista.
Pero el objeto de este comentario no es entrar en esa fascinante cuestión económica, sino en destacar de qué modo el gobierno argentino emite disposiciones sobre exportaciones e importaciones.
Una de las características del Estado de Derecho es que los actos de los gobernantes deben ser motivados. La Ley de Procedimientos Administrativos establece que la falta de motivación de un acto administrativo acarrea su nulidad.
Es lógico, ya que para comprender y evaluar una medida es necesario conocer las razones de su dictado. ¿Cómo podría analizar un juez la razonabilidad de la restricción de un derecho -en este caso, el derecho a comerciar- si no se saben los motivos que la autoridad competente tuvo en miras para esa restricción?
El gobierno kirchnerista, a través del licenciado Moreno, ha encontrado una vía de sortear esa engorrosa exigencia republicana.
No es necesario motivar el acto administrativo porque sencillamente...no hay acto administrativo.
En efecto, las prohibiciones de importar -que ya generan las quejas de Brasil y de la Unión Europea - no se hallan escritas en ningún lugar. No hay resoluciones, no hay expedientes, no hay papeles. En fin, no hay huellas digitales.
¿Cómo se maneja Moreno? Con el teléfono. De esa forma realiza sus conocidos aprietes.
¿Puede haber una muestra más notable del desprecio por las instituciones que esta manera de gobernar mediante el secreto, la presión soterrada y la más abierta arbitrariedad?
(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo por gentileza de su autor el Dr. Jorge R. Enríquez - Abogado - Periodista y ex legislador porteño.
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