LA RAZÓN...

Segunda Opinión - 09-Ene-10 - Editorial

Banco Central: La razón de los otros

por Héctor B. Trillo

“Poner bombas es una extraña forma de darle la razón al otro”
-J. L. Borges

Cuando en las primeras horas de la mañana del miércoles oímos en la radio que la presidenta de la Nación le había pedido la renuncia al presidente del Banco Central nos preguntamos para qué se difundía semejante información, dado que obviamente la titular del poder ejecutivo no puede hacer eso en virtud la Carta Orgánica del Banco Central (que es ley de la Nación) y de la propia Constitución Nacional (artículo 75). Imaginamos varios escenarios, todos en el rango de conjetura. Por ello preferimos no exponerlos. Pero es interesante intentar imaginar por qué se difunde una decisión que en sí misma es inválida, como acaba de quedar demostrado por la negativa de Martín Redrado primero y por el nuevo D.N.U. destituyéndolo luego.

No vamos a repetir aquí los infinitos comentarios de parte del sector oficialista y tampoco abundaremos en las opiniones de distintos orígenes. Fundamentalmente para no cansar al lector. Pero es imprescindible dejar en claro algunos puntos, como éste de la difusión de una orden inválida, y luego, obviamente, de la negativa del involucrado.

Con no poca sorpresa leemos en La Nación de hoy jueves un artículo breve del presidente de la bancada de senadores del partido oficial, Miguel Pichetto. El artículo se titula “El resultado de una ley anticuada” y se refiere, justamente, a la Carta Orgánica. Dice entre otras cosas que esa ley (la de la Carta) le otorga al presidente del BCRA prerrogativas que no son coherentes con la autonomía que debe tener en todo gobierno democrático. Hace mención al hecho de que el presidente, sea Redrado o cualquier otro, puede ubicarse por fuera...en oposición a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Estos dos párrafos transcriptos son una verdadera y genuina pintura de la mentalidad de esta gente. Dice que la ley es anticuada y debe ser modificada, por lo que está diciendo en definitiva que si la ley se hubiera aplicado Redrado no podría ser despedido. También habla de gobierno democrático, cuando en verdad la forma de gobierno de la Argentina es republicana, representativa y federal. Esto puede parecer un juego de palabras pero en realidad es de lo que corresponde hablar. Precisamente es la república la que posibilita la separación de poderes, es el poder legislativo el que sanciona las leyes (la Carta Orgánica), es el ejecutivo en que las cumple y es el judicial el que se ocupa de las controversias. En momentos de escribir estas líneas y habiéndose decretado la destitución de Martín Redrado, queda en funciones su segundo, Pesce, que sigue contando con las mismas prerrogativas que no son coherentes con la autonomía que debe tener en todo gobierno democrático.

La creación del llamado Fondo del Bicentenario fue hecha mediante un D .N.U. firmado por la presidenta cinco días antes de finalizar el período ordinario de sesiones del Congreso. Como se sabe, el Poder Ejecutivo resolvió no llamar a sesiones extraordinarias, pese a que hizo votar la emergencia económica por dos años más, por ejemplo. Estamos en emergencia pero no necesitamos sesionar. Es obvio que lo que se hizo ha sido concebido adrede para evitar que se discuta en el Congreso. Y la salida del presidente del Banco Central debería haber sido en primer lugar solicitada también por el Congreso, lo cual no ha ocurrido.

El senador Pichetto ha hecho también declaraciones radiales, y ha dicho sin pelos en la lengua que si el presidente del Central no está de acuerdo con la política económica del gobierno debe irse. ¿Esta es la autonomía sin prerrogativas a la que se refiere, senador?

El Banco Central no dicta la política económica ni interviene en ella de manera elocuente. Su función es financiera y de preservación del valor de la moneda. Precisamente por eso es que es autónomo, para evitar conflictos de tipo político. Dicho de otra manera: el presidente del Central no es un funcionario del gobierno, es un funcionario de la Nación que debe durar 6 años en su cargo. Por definición supera el mandato de un presidente del Poder Ejecutivo. Lo que dice Pichetto es que debe estar de acuerdo al menos con DOS presidentes constitucionales y sus políticas económicas para permanecer los 6 años gozando de su autonomía democrática. Es notable.

Si repasamos los hechos podemos ver que dado que Martín Redrado no aceptó ser renunciado, entonces se lo despidió. Pero según declaraciones públicas de la señora presidenta se lo ha despedido porque no aceptó disponer la creación del Fondo del Bicentenario. También habló de su mala conducta, como si se tratara de un escolar. Y el mismo decreto dispone que se lo denuncie por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo esto también figura en los considerandos del decreto en cuestión, que fue refrendado por todos los ministros. Y esto también merece un párrafo.

Los ministros del Poder Ejecutivo son eso: ministros. Es decir que son asesores de la presidenta, empleados de ella. Varios de ellos no tienen la más mínima idea de cómo funciona el Banco Central, ni tampoco tienen conocimientos de economía o de ordenamiento jurídico. LLamarlos a todos para hacerlos firmar nos recuerda los actos que en su tiempo hacía el titular de Canal 9 Alejandro Romay, donde todos los empleados se tiraban flores mutuamente y se repartían premios. Pero hay más.

Que un decreto de necesidad y urgencia deba ser refrendado por todos los ministros demuestra a las claras la debilidad intrínseca que encierra. La necesidad de reafirmar algo conlleva la idea de flaqueza. Cristina Fernández ha intentado darle fuerza porque íntimamente sabe muy bien, ella y sus conspicuos voceros, que no la tiene. Así como ciertas cosas brillan por su ausencia, otras lo hacen por sobreabundancia.

Bien, diremos algunas palabras del origen de esta insólita situación. Redrado recurrió de inmediato al asesoramiento legal del propio Banco Central cuando conoció el D.N.U. disponiendo la creación del Fondo. Hizo lo que tenía que hacer, porque dadas sus responsabilidades puede ser denunciado penalmente por los afectados. No es gratis tomar 6.600 millones de dólares y ponerlos a disposición del Poder Ejecutivo. Sabemos que hay dos dictámenes, uno a favor y otro en contra. De manera que sin estar en la cocina de la cuestión, podemos decir que la dilación tiene un fundamento y no es un capricho de la derecha, como ciertos impresentables han dicho en este verdadero carnaval de incoherencias. Fácilmente Redrado podrá demostrar, si es acusado de incumplimiento de sus deberes, que esto es como lo decimos aquí. Pero hay más.

La disposición de fondos del Central para deudas o gastos corrientes puede dar lugar al embargo de fondos en el Exterior. Las afirmaciones acerca de que el presidente del BCRA debe hacer lo que le dice el Ejecutivo también. Y si esto ocurre será responsabilidad de los gobernantes y de sus ministros, que con ligereza disponen violar la ley y la Constitución como si tal cosa. Ellos que tanto hablaban de sultanato en tiempos de Menem, ¿verdad?

Recordamos también que la salida de Pedro Pou, en marzo o abril de 2001 fue el comienzo de la caída de la llamada convertibilidad. Pou fue también echado por un decreto de De la Rúa, claro que en ese caso existía un dictamen del Congreso y no un DNU previo firmado además por la misma persona. Es obvio que el cimbronazo habrá de sentirse y las consecuencias pueden ser imprevisibles.

Nos gustaría también conocer la razón por la cual se le pide a Redrado que renuncie y cuando no lo hace se lo acusa de no cumplir con la disposición de los recursos para el Fondo del Bicentenario. Si no lo disponía ayer, y no lo dispuso hoy, no cambia la cosa. Nuevamente la ligereza está en la matriz de un gobierno cada vez más debilitado y a la deriva.

En los considerandos del decreto destituyente, si se nos permite, se dice que Redrado ha incumplido con su deber, pero luego se instruye al Procurador para que haga la denuncia por ello. En otras palabras, el decreto dispone lo que dispone porque la presidenta y todos sus ministros dan por sentado que Redrado incumplió sus deberes. Y luego se va a la Justicia.

¿Es razonable afirmar algo de alguien que tiene autonomía legal y constitucional, justificar así su destitución y luego recurrir a la Justicia para que diga si el Poder Ejecutivo tiene razón?

Cuando Arturo Valenzuela dijo que en la Argentina no existe la seguridad jurídica, las voces declamadoras de los voceros de siempre salieron con los tapones de punta a intentar descalificar al funcionario norteamericano. Apenas unos días después ocurre este verdadero mamarracho institucional. Y los funcionarios y el propio presidente del oficialismo en el Senado dicen, y escriben, las cosas que hemos transcripto más arriba.

Todo lo que ha hecho el Poder Ejecutivo y sus adláteres contribuye a darle la razón a Martín Redrado. Todo. Acusaciones verbales y escritas, considerandos de decretos trasnochados, escenario montado con la firma de todos los ministros, instrucciones al Procurador, todo. Si hasta Hugo Moyano o el impresentable Luis D Elía han salido a opinar, señores. Y no lo hacen por su condición de neutrales, justamente.

Iniciamos este comentario con una cita de Jorge Luis Borges y lo terminamos con ella: poner bombas es una extraña forma de darle la razón al otro.