EMPUJAN A LAS VÍAS

Clase media: empujan a propietarios e inquilinos hacia el medio de las vías

Argentina es el país de los pobres, de los necesitados, carenciados, de los humildes. Y no existe político oficialista u opositor que no forme fila para ocuparse de ellos, al mismo tiempo que unos y otros, como en un extraño pacto secreto, compiten entre sí en crear, con medidas y proyectos, cada vez mayor cantidad de sumergidos.

Incluso analistas, periodistas y dialoguistas de cualquier tema, de esos que suelen abundar en los programas televisivos, se refieren, por ejemplo, al tema inflacionario, señalando que tal perversión creada a instancias estatales perjudica sobre todo, a los que menos tienen. Y para éstos va todo, todo lo que no se queda en el camino, que es mucho.

El desenfreno de medidas populistas para "beneficio" de los pobres llegó tal punto que un mes y medio atrás atrás, la Casa Rosada se adelantó a un pedido que todos los bloques de la oposición venían realizando y estableció un subsidio universal por hijo de 47 dólares, a pesar de que con anterioridad, el Ejecutivo había señalado que en las arcas del Estado no existía dinero para cubrir tamaña erogación (unos 2.600 millones de dólares anuales que serán conculcados de los depósitos jubilatorios).

Dentro de ese esquema se inserta el "para los pobres, todo", y para la clase media, a pesar de ciertas prerrogativas como el subsidio a la educación que toman sus hijos, nada. Es tan así que sus integrantes se ven impedidos de lograr un simple crédito para alcanzar la vivienda propia o deben pasar penurias para alquilar un departamento, mientras que el presupuesto nacional y los diversos provinciales compiten en construir barrios enteros para necesitados, pero sólo para una clase de ellos.

Siguiendo ese plan, la Ciudad de Buenos Aires acaba de lanzar la urbanización de las villas 31 y 31 bis del barrio de Retiro, uno de los más caros de la ciudad, dejando en claro que la medida no implicará el desalojo de sus habitantes. El actual panorama habitacional de ese lugar fue descrito el año que pasó en la Revista Reunión de Administradores (ver en Archivo http://www.correodebuenosaires.com.ar/opinion.asp), lo que provocó que, al enterarse el gobierno comunal, rápidamente publicitara una serie de medidas de urgencia como la clausura de un corralón de materiales que se encontraba desde siempre instalado en el lugar, la prohibición de seguir levantando edificaciones y la realización de inspecciones técnicas en los edificios de mayor altura debido a la precariedad de su construcción. Pero, a pesar de tan publicitadas disposiciones, hoy todo sigue igual.

Mientras, los propietarios de casas que no han sido construidas en villas miserias ni en edificios de propiedad horizontal, están recibiendo desde el primer trimestre del año en curso, intimaciones para actualizar bajo pena del inicio de acciones legales en su contra, toda obra de ampliación que hayan realizado en sus viviendas por fuera de los planos originales.

Como se observa, son varas distintas las que se usan para medir las infracciones edilicias según se pertenezca a tal o cual sector social, en donde uno de ellos, deberá, obligatoriamente, "por tener más", subsidiar al otro, a un costo que está anulando, de manera paulatina, la posibilidad de tener también el "techo propio" o mantener el adquirido tiempo atrás a costa del esfuerzo laboral y familiar.

También los propietarios e inquilinos de edificios de propiedad horizontal, más conocidos como "consorcios", sufren toda clase de intimaciones por parte del gobierno comunal para que cumplan un sinfín de disposiciones, la mayoría de las cuales no son cumplidas por las altas erogaciones que exigen. A pesar de ello, las expensas vienen aumentando a un ritmo que a veces se convierten en impagables. Tal es la situación para numerosos jubilados que, como hemos dicho en su oportunidad, deben optar entre comprar comida, remedios o pagar las expensas. El incumplimiento en este último caso lleva siempre al remate de la unidad.

Parecería que los consorcios son considerados por legisladores y gobernantes como eternas vacas lecheras a las que es posible ordeñar indefinidamente para satisfacer sus ansias de gastar alegremente los fondos públicos debido a que no les alcanzan las sucesivas ampliaciones de presupuesto, aumentos de tributos, peajes y endeudamiento al por mayor.

Y detrás de cada nueva disposición suelen aparecer cientos de "empresas" creadas a toda velocidad al solo efecto de prestar un "servicio" que en mucho se parece a un negociado para muy pocos con millones de clientes cautivos. Una muestra de esto último es la norma aprobada en mayo de 2008 que dispone que las empresas inscriptas en el Registro creado por la Ley N° 2.231, no podrán instalar, recargar y/o reparar extintores de incendios de uso general cuya vida útil supere los veinte años contados desde la fecha de su fabricación. Así, mientras se habla de la posibilidad de que los beneficiarios de la nueva ley habrían aportado por la sanción de la nueva ley cerca de 400 mil dólares para el financiamiento de distintas campañas electorales, se conoce que los matafuegos vencidos retirados de los consorcios de esta ciudad han comenzado a ser vendidos en otras provincias donde no rige tal disposición, y que los importados últimamente desde China no cumplen con las normas de fabricación que se les exige a las empresas nacionales siendo sumamente peligrosos para los usuarios, amén de otras consideraciones como es el lucrativo negocio de la importación del polvo químico que se coloca en los extintores.

Un mes y medio atrás, el 5 de noviembre, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, modificó la ley de Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal que fue presentada como un logro para los consorcistas. Aunque la modificación posee algunas normas de control que son acertadas, la verdad es que desconoce, como en el caso de la reciente aprobación del matrimonio homosexual, leyes nacionales en vigencia (en este caso la 13.512 de Propiedad Horizontal).

Su aprobación por cuarenta votos, dos tercios del total de los diputados, impide su veto por el Ejecutivo, pero no que haya trascendido la oscura lucha de las diferentes corporaciones profesionales y en especial la sindical (de los encargados de edificios -SUTHER-) por hacerse de fondos para sus afiliados que hará que las expensas suban a niveles casi impagables para muchos consorcistas. Y pensar que todo comenzó un año atrás cuando la modificación de la ley alcanzaba a un solo artículo, el 14, que, por presión sindical, pasó a mejor vida.