LAS MARIPOSAS

DEL ANILLO A LOS PROSTÍBULOS

Otra vez Zaffaroni se identifica con Oyarbide
La denuncia ante la Fiscalía de Tucumán pide que se investigue a Oyarbide por el delito de “enriquecimiento ilícito”. Zaffaroni opinó que preocupan las inversiones desproporcionadas con la capacidad patrimonial. El juez de la Suprema Corte aún debe explicaciones por los prostíbulos en sus departamentos.

Finalmente el caso del anillo adquirido por el juez federal Norberto Oyarbide comienza a judicializarse. Este lunes (16/01) el magistrado fue denunciado ante la Fiscalía federal de Tucumán para que se investigue la comisión de varios delitos al comprar el anillo de diamantes valuado en u$s 250 mil.

Los cargos son la presunta comisión de "cohecho agravado, exacción agravada por el destino de lo recibido, enriquecimiento ilícito y violación de los deberes de funcionario público".

La denuncia contra Oyarbide fue realizada por Oscar López, un ex agregado cultural en la embajada argentina en Alemania durante el primer Gobierno de Carlos Menem, que se define como opositor al "kirchnerismo" y al "alperovichismo" local.

La presentación recayó en el fiscal Carlos Brito -de la Fiscalía Federal 2- pero el denunciante pidió que sea girada al Procurador General de la Nación y al juzgado federal de feria en la Capital Federal. Ahora Brito deberá evaluar el pedido para establecer si corresponde investigar o no la denuncia y si se la debe enviar a la Justicia porteña.

En particular, López pidió que "se determine si el juez cumplió con la obligación de presentar las declaraciones juradas exigidas por la Ley 25.188, y si en ellas se registran (correctamente valuados y con su origen especificado) los presuntos regalos recibidos por el juez, quien alegó que compró la sortija al canjear los presentes de sus últimos cinco años".

"¿Recibe o exige el magistrado un promedio de U$S 50.000, más de $250.000 por año en concepto de regalos o como pago por acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones? ¿Son producto de la posible corrupción del sistema electrónico de selección de los juzgados por la que, de un modo doloso, las causas más sensibles para el poder político inexorablemente recaen en su jurisdicción?", preguntó, según informa la agencia DYN.

En tanto, este lunes (16/01) el ministro de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, se refirió a la cuestión en una entrevista a Radio Continental donde opinó que "da la impresión de que todo se reduce a que (Oyarbide) se compró un anillo...eso es farandulizar la noticia".

Sin embargo luego explicó: "Me parece una tontería la forma en que se planteó la cosa" desde un sector del periodismo, tras señalar que "no es una cuestión del anillo" sino que, añadió, el problema se produce cuando "un funcionario hace gastos que son desproporcionado con su evolución patrimonial".

El juez afirmó: "Yo no uso anillo, no me gustan las alhajas, no sé si hay anillos que valen 250 mil dólares" e ironizó que sobre la joya de Oyarbide "se dijo que tiene destellos que se ven desde la puerta (...); si es así parece que es un anillo de esos de pila que venden en San Telmo".

"Si quiere comprarse un anillo o quiere comprarse una colección de filatelia, es su problema", pero "lo que en el fondo preocupa públicamente o puede preocupar públicamente es si hace inversiones en lo que sea y están desproporcionadas con su capacidad patrimonial", concluyó Zaffaroni quien logró eludir el año pasado la instancia judicial en el escándalo por los prostíbulos que funcionaban en sus propiedades.

La Alameda, la ONG que investiga la trata de personas, hizo en 2011 una presentación judicial a raíz del descubrimiento de prostíbulos que funcionaban en departamentos que alquilaba el Juez.

A fines de julio, Zaffaroni envió una carta al diario Clarín donde admitió que era "posible que sea verdad" que en algunos de sus 15 departamentos haya funcionando prostíbulos.

Desde la oposición, un sector intentó realizar un juicio político al magistrado, pero la iniciativa fue luego desestimada porque se aceptó la intención del juez de dar explicaciones sobre las denuncias.

En la documentación aportada por Zaffaroni al Congreso de la Nación, surgía más evidencia acerca de la red proxeneta íntimamente ligada al apoderado del magistrado.

A pesar de que en agosto, Zaffaroni prometió a los legisladores que "si quieren preguntarme algo, con todo gusto" iría al Congreso, y a pesar de los pedidos de algunos diputados como Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica) su presencia nunca se concretó.