JUSTICIA CONTROLADA

el apartamiento del fiscal pollicita

La insólita maniobra oficial para controlar el exhorto

Por E.D.

Righi. Está a cargo de la Procuración General de la Nación. De allí partió la operación K.



El jueves, cuando la Cámara Federal envió a sorteo el exhorto remitido por Cancillería, el expediente recayó en el juzgado número 5, a cargo de Norberto Oyarbide. La fiscalía federal de turno ese día con el juzgado era la número 1.



Su titular, Jorge Di Lello, se encontraba de licencia. Todo lo que correspondía a su fiscalía estaba siendo derivado a Gerardo Pollicita, titular de la fiscalía número 9. Hasta que el exhorto de Suiza llegó a sus manos. El jueves por la tarde, el curso natural del trámite judicial se vio imprevistamente alterado por la intervención directa del Gobierno.



Pollicita, a diferencia de Di Lello, es un funcionario judicial con escaso diálogo con el Gobierno. Es el mismo fiscal que tomó las medidas para activar la causa por el supuesto cobro de coimas a los exportadores de maquinaria agrícola a Venezuela, luego de que pidiera la declaración testimonial del ex embajador Eduardo Sadous.



El jueves, Pollicita recibió dos llamados telefónicos, según relataron altas fuentes judiciales. El primero, desde el teléfono personal de uno de sus colegas en los tribunales, de buen diálogo con el oficialismo, quien quería saber si iba o no a aceptar el curso del pedido suizo. Cuando confirmó que iba a pedir al juez que se cumpla con el pedido de la fiscalía helvética, su colega le sugirió que debía “encontrar algún defecto formal” en el exhorto en lugar de aprobarlo.

Ante la negativa, el fiscal recibió otro llamado. Esta vez, desde las más altas esferas de la Procuración General de la Nación, comandada por Esteban Righi. Quien intervino en nombre del Gobierno volvió a utilizar la frase “defecto formal”. Había que encontrar alguna falla.

Pero en la fiscalía número 9 creían que el documento suizo no registraba fallas. “Si hubiese sido un pedido de extradición, se pide más información, pero no en estos casos”, aclararon fuentes judiciales.

Ayer, inesperadamente, el fiscal Di Lello interrumpió su licencia y retomó sus actividades, corriendo del medio a Pollicita, quien iba a aprobar el exhorto. El titular de la fiscalía número 1 decidió ayer recomendar a Oyarbide que solicitara a Cancillería que se pida a Suiza más detalles sobre “qué leyes penales de ese país habrían violado Moyano y su familia”, antes de pronunciarse.

“Moyano no está investigado formalmente en ninguna causa judicial, ya que no está imputado. Se va a requerir a la Justicia en Suiza la trascripción de las normas penales que Moyano y su familia habrían infligido”, afirmaron a PERFIL en la fiscalía de Di Lello. A su vez, confirmaron que “Cancillería ya se adelantó al pedido y lo remitió a Suiza”. A raíz de esa decisión, el juez Oyarbide siguió el consejo del fiscal y solicitó ayer a la Cancillería esa información. “El exhorto no aclara de qué sería culpable Moyano, necesitamos esa información”, agregaron.