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Por Carlos Tórtora
La ley 26.571 de Reforma Política tiene una historia tormentosa. No sólo fue conflictivo su debate en el Congreso, sino que CFK procedió a vetar inmediatamente los artículos que posponían hasta el 2011 la aplicación de las nuevas exigencias para mantener la personería política. Esto violó lo acordado en la Cámara de Diputados entre el oficialismo y la oposición. El siguiente paso fueron los amparos presentados por numerosos partidos reclamando la inconstitucionalidad del veto que puede llevar a la brevedad a la extinción de un tercio de los sellos partidarios. A todo esto, la mayoría opositora en Diputados votó por la derogación del veto. Ahora bien, en este laberinto, la oposición planteó que, como no se trató en realidad de un veto sino de una promulgación parcial, debe dársele el tratamiento de un DNU. Esto es, que el rechazo en Diputados haría caer no sólo el veto sino toda la ley de reforma. El Senado todavía no se pronunció sobre esta madeja jurídica, pero en Formosa, el Juez Federal con competencia electoral, Bruno Quinteros, aceptó el amparo presentado por el Partido Acuerdo Republicano Federal y citó a Miguel Ángel Pichetto, Agustín Rossi, Enrique Thomas, Carlos Reutemann, Gerardo Morales y Ernesto Sanz para que aclaren si la Presidenta violó lo acordado antes por los distintos bloques.
Y ahora el reglamento
Sobre este terreno más que confuso, la jueza María Servini de Cubría convocó a los partidos y opinó que, por la cantidad de puntos oscuros que presenta, es indispensable reglamentar la ley. En eso está el Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio
, asesorado por el apoderado del PJ, Jorge Landau.Todo indica que el gobierno flexibilizaría algunos plazos para que los partidos cumplan con el requisito de mantener un piso mínimo de afiliaciones, como una concesión para los aliados de centro izquierda del kirchnerismo, que están irritados al máximo por este tema.
Pero si la ley es polémica, el reglamento promete no quedarse atrás. En el Ministerio del Interior trascendió que la reglamentación de esta ley ómnibus -tiene 106 artículos- podría hacerse por etapas y que la parte correspondiente a las internas abiertas recién se daría a conocer a fin de año.
De acuerdo con el cronograma actual, las internas tendrán lugar en agosto del 2011, o sea, que la campaña para las mismas se iniciaría en julio. El temor que empieza a correr en las filas de la oposición es que el gobierno apueste a dilatar hasta último momento la reglamentación de las internas, apareciendo luego con una serie de sorpresas que habría que impugnar judicialmente casi sin tiempo, con todos los riesgos que esto conlleva. Por ejemplo, el artículo 21 dice que cada partido establecerá las condiciones para ser candidato en las internas.
¿Pondrá límites la reglamentación a este cheque en blanco?
Por su parte, el artículo 25 de la ley, que ordena cómo se asignarán las listas y los colores de las mismas, es una obra maestra de la confusión, difícil de reparar con un reglamento. Los artículos 34 y 35 afirman que los partidos no podrán contratar publicidad en los medios y que sólo utilizarán los espacios que sortee el Estado. Así las cosas, el oficialismo podría contar con una publicidad que abrume a la oposición. En este contexto, el trascendido de que este capítulo de la ley se reglamentará más tarde ya levanta todo tipo de sospechas.
Alejandro Tullio, asesorado por el apoderado del PJ, Jorge Landau.
Todo indica que el gobierno flexibilizaría algunos plazos para que los partidos cumplan con el requisito de mantener un piso mínimo de afiliaciones, como una concesión para los aliados de centro izquierda del kirchnerismo, que están irritados al máximo por este tema.
Pero si la ley es polémica, el reglamento promete no quedarse atrás. En el Ministerio del Interior trascendió que la reglamentación de esta ley ómnibus -tiene 106 artículos- podría hacerse por etapas y que la parte correspondiente a las internas abiertas recién se daría a conocer a fin de año.
De acuerdo con el cronograma actual, las internas tendrán lugar en agosto del 2011, o sea, que la campaña para las mismas se iniciaría en julio. El temor que empieza a correr en las filas de la oposición es que el gobierno apueste a dilatar hasta último momento la reglamentación de las internas, apareciendo luego con una serie de sorpresas que habría que impugnar judicialmente casi sin tiempo, con todos los riesgos que esto conlleva. Por ejemplo, el artículo 21 dice que cada partido establecerá las condiciones para ser candidato en las internas.
¿Pondrá límites la reglamentación a este cheque en blanco?
Por su parte, el artículo 25 de la ley, que ordena cómo se asignarán las listas y los colores de las mismas, es una obra maestra de la confusión, difícil de reparar con un reglamento. Los artículos 34 y 35 afirman que los partidos no podrán contratar publicidad en los medios y que sólo utilizarán los espacios que sortee el Estado. Así las cosas, el oficialismo podría contar con una publicidad que abrume a la oposición. En este contexto, el trascendido de que este capítulo de la ley se reglamentará más tarde ya levanta todo tipo de sospechas.
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