DANIEL PERALTA NO CUMPLIÓ LA ORDEN DE REPONER EN SU CARGO AL PROCURADOR EDUARDO SOSA
Denuncian al gobierno de Santa Cruz por desobedecer a la Corte Suprema
Enrique A. PIRAGINI, en representación de A.R.I.E.L. somos todos.ong, la organización no gubernamental que trabaja reclamando seguridad, ha radicado una denuncia criminal por ante la Cámara Criminal y Correccional Federal, contra el gobierno de la Provincia de Santa Cruz, en cabeza de sus responsables, cómplices e instigadores, por la comisión de los delitos de DESOBEDIENCIA Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, al desconocer la orden de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN para reponer en su cargo al Procurador de esa Provincia Dr. EDUARDO SOSA. Dicha inconducta configura un alzamiento contra la decisión del máximo tribunal de la nación e implica una verdadera provocación de extrema gravedad, generando una crisis institucional tan innecesaria como ilegítima.
Resulta inexplicable que en un sistema democrático se tolere semejante atropello a la Justicia, y peor aún cuando ningún funcionario ha promovido la acción penal correspondiente, máxime tratándose de un delito de acción pública.
Hechos como los denunciados colocan a nuestro país en vergonzante situación frente al concierto de las naciones, tal como acontece con el corte de los asambleístas de Gualeguaychú en protesta por la pastera de Botnia, evidenciando un verdadero descontrol.
Si ello es consecuencia de expresiones de la presidente de la nación cuando sostuvo que no respetaría los fallos judiciales que le impidieran echar mano sobre los fondos del Banco Central y la actitud del Jefe de Gabinete que admitió expresamente haber instruido a la Policía Federal que desconociera la orden judicial del juez SUDERA, en la interna gremial del Sindicato de Aeronavegantes, constituiría una verdadera subversión institucional reñida con las más elementales normas éticas y jurídicas.
Esta clase de actitudes generan caos institucional y anarquía, perjudicando las instituciones democráticas y el principio fundamental de la división de poderes.
El texto de la presentación es el siguiente:
DENUNCIA DESOBEDIENCIA Y OTROS DELITOS.
Excma. Cámara Federal:
Enrique A. PIRAGINI, abogado, por sí y por A.R.I.E.L. somos todos.ong (Reg. CENOC Nº 10427), constituyendo domicilio procesal en Uruguay 485, p. 3º “R02” (zona 119, 154-159-8401), a V.E. digo:
Vengo a promover esta denuncia contra el gobierno de la Provincia de Santa Cruz, en cabeza de sus responsables, cómplices e instigadores, por la comisión de los delitos de DESOBEDIENCIA Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, al desconocer la orden de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN para reponer en su cargo al Procurador de esa Provincia Dr. EDUARDO SOSA. Dicha inconducta configura un alzamiento contra la decisión del máximo tribunal de la nación e implica una verdadera provocación de extrema gravedad, generando una crisis institucional tan innecesaria como ilegítima.
Si ello es consecuencia de expresiones de la presidente de la nación cuando sostuvo que no respetaría los fallos judiciales que le impidieran echar mano sobre los fondos del Banco Central y la actitud del Jefe de Gabinete que admitió expresamente haber instruido a la Policía Federal que desconociera la orden judicial del juez SUDERA, involucrándose de lleno en la interna gremial del Sindicato de Aeronavegantes, constituiría una verdadera subversión institucional reñida con las más elementales normas éticas y jurídicas.
Esta lamentable noticia recorre el mundo, en términos como estos:
“La provincia de Santa Cruz desobedece un fallo de la Corte Suprema que ordena reponer en su cargo a un procurador separado de su cargo por investigar casos de corrupción provincial.
“El acatamiento de las decisiones judiciales es un pilar de todo régimen constitucional, y se deriva del hecho de que ninguna persona, sea física o jurídica, pública o privada, se encuentra por encima de las leyes. Y resulta especialmente preocupante si son las autoridades políticas quienes se resisten a cumplir una sentencia firme.
Sosa fue desplazado en 1995, cuando investigaba casos de corrupción provincial, y su restitución la dispuso la Justicia ya en 1998. El último plazo que fijo la Corte para que esa provincia patagónica cumpla con la medida venció el 29 de diciembre.
La jueza de la Corte Suprema de la Nación, Carmen Argibay señaló, sobre esta causa, que "es clarísimo que no se respetó la sentencia judicial". La actitud provincial podría derivar en un conflicto de poderes.
El caso de Eduardo Sosa se ha transformado en una prueba de la calidad de nuestras instituciones. Se trata, entonces, de una causa que expone reticencia en el cumplimiento de órdenes judiciales, lo cual expresa un grave deterioro de la cultura legal. Ante esto, es necesario que se refuerce la adhesión a la ley y la Justicia, debiendo los funcionarios públicos cumplir con las responsabilidades impuestas por las normas de mayor jerarquía del orden legal”. (Diario Clarín del 10/4/10)
Se solicita investigar a los que pudieren resultar responsables como autores, cómplices, partícipes, encubridores e instigadores y pido asumir el rol de querellante, en aras del interés difuso ínsito en la Constitución Nacional.
Proveer de conformidad, SERA AFIANZAR LA JUSTICIA.
ENRIQUE A. PIRAGINI
Abogado CPACF 22-23
A.R.I.E.L. SOMOS TODOS.ONG
ARGENTINA RECUPERA IDONEIDAD EN LIBERTAD
Uruguay 485, piso 3º "R02" Cap. Fed. (4599-8353)
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