A pesar de la costumbre, no deja de llamar la atención la pasividad que, en general, el fuero federal de la justicia argentina pone de manifiesto cuando surgen sospechas sobre irregularidades cometidas por los funcionarios en ejercicio. Sobre todo los presidentes. Esa aparente abulia se vuelve todavía más curiosa por su contraste con el hiperactivismo que los mismos tribunales exhiben a la hora de escudriñar la conducta de los ex funcionarios. Sobre todo de los ex presidentes.
Se puede alegar, y tal vez sea cierto, que un período de gobierno es insuficiente para que, siguiendo las pautas del debido proceso, los jueces puedan llegar a conclusiones inequívocas. Se explicaría de ese modo que las sanciones se produzcan cuando el servidor público ya abandonó el poder.
Sin embargo, el pernicioso permiso de reelección presidencial inaugurado por la Constitución de 1994 debilita el argumento, ya que la permanencia en el cargo del jefe de Estado y sus colaboradores tiende a ser, en la mayor parte de los casos, más prolongada.
En estos días hay ejemplos muy elocuentes de este desequilibrio. Carlos Menem se ha convertido en motivo recurrente de la crónica periodística por la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero, las acusaciones sobre encubrimiento del atentado contra la AMIA o la presunción de que durante su segundo gobierno se cobraron sobornos a cambio de adjudicarle a la empresa Siemens la confección de los DNI.
Fernando de la Rúa también está en la mira permanente de la Justicia, sea por la acusación de haber estimulado con coimas la aprobación de la ley de reforma laboral en el Senado, sea por su responsabilidad en los episodios de violencia del final de su administración.
Eduardo Duhalde, siendo su situación más discreta, tampoco se sustrae a la severidad indagatoria de los magistrados. La causa en la que se investiga la muerte de los piqueteros Kosteki y Santillán sigue sin cerrarse -una versión insistente afirma que gracias a eso el gobierno actual consiguió dar vuelta un voto en la aprobación de las retenciones móviles en la Cámara de Diputados- y la crónica sobre el caso de los documentos salpicó también a su gobierno.
La peripecia judicial de Néstor y Cristina Kirchner tiene otras características. Ellos a veces consiguen que los magistrados aceleren sus pasos pero para exculparlos.
En abril de este año el juez Rodolfo Canicoba Corral cerró una causa por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio. Un mes antes, el juez santacruceño Santiago Losada había denegado un pedido del fiscal Andrés Vivanco para que el ex presidente Kirchner fuera investigado por el depósito de fondos de Santa Cruz en un banco suizo. El juez Losada mismo, en una resolución insólita, mantiene en secreto los fundamentos de su sentencia.
Como el fiscal insistió, otro juez, Rubén Lobos, volvió a rechazar su pedido. Lobos es el magistrado que exculpó al ex funcionario kirchnerista Daniel Varizat por haber embestido con su camioneta a un grupo de personas que lo rodeaba en Río Gallegos.
El juez Norberto Oyarbide también cerró con sospechosa rapidez la causa en la cual se le pedía investigar la naturaleza de los fondos utilizados por la entonces primera dama, Cristina Kirchner, en sus viajes por América y Europa durante la campaña presidencial.
La mencionada investigación sobre Siemens también sirve como muestra, ya que mientras se realizan activas diligencias respecto de hechos ocurridos en 1990, nada se está haciendo para preservar los elementos probatorios de los hechos denunciados en el presente.
Y, finalmente, en los últimos días, el gobierno nacional quedó envuelto en un escándalo por las novedades sobre la financiación de la campaña presidencial que aparecieron con la investigación del asesinato de Sebastián Forza junto con otros dos empresarios. Salió a luz que entre los principales mecenas de la Presidenta hubo numerosas droguerías y empresas de salud. Una información sospechosa porque se combina con otro dato: el recaudador de la campaña fue el Superintendente de Salud, Héctor Capaccioli. Además, una de las empresas, la droguería de Forza, estaría envuelta en graves irregularidades.
Estas inquietantes revelaciones no promovieron en la jueza federal con competencia electoral de la Capital Federal, María Romilda Servini de Cubría, iniciativa alguna. Su juzgado es responsable de garantizar la transparencia del financiamiento de las campañas presidenciales.
Al mismo tiempo, es desalentador comprobar que pese a no existir ningún obstáculo legal para investigar a los actuales miembros del Gobierno, existen condicionantes no escritos, como ser las críticas explícitas contra los jueces que no comparten las posiciones oficiales, o el funcionamiento anómalo del Consejo de la Magistratura, que logran frenar la labor de los magistrados.
La tenacidad con que la Justicia examina a los funcionarios que abandonaron el gobierno y la parsimonia con que trata a los que están en ejercicio podrían registrar, para cientistas políticos como Natalio Botana, raíces antiguas, que tal vez se extienden a la tradición hispánica.
El derecho indiano estableció el procedimiento del "juicio de residencia" para auditar la conducta de los hombres públicos. Consistía en una auditoría sobre su desempeño, que se realizaba no bien abandonaban el cargo. Casi siempre era el sucesor quien se encargaba de esa revisión. El examen solía ser bastante exhaustivo y la persona sometida a él no podía abandonar el lugar donde había gobernado hasta que no concluyera el proceso. El mecanismo tuvo una eficacia dispar según los casos. Quienes ejercían la administración sabían que, tarde o temprano, debían rendir cuenta de sus actos.
Sin embargo, la institución del "juicio de residencia" supone que la hora de la Justicia es la hora en que se abandonó la función. O, a la inversa, que el control judicial no debe aplicarse sobre quien ejerce la autoridad política.
Dice una versión jamás desmentida que el ex presidente Menem esperó a que Domingo Cavallo dejara el Ministerio de Economía para augurarle: "Se va a cansar de recorrer los tribunales".
En el fondo de esta idea parece anidar, acaso de manera subliminal, una equivalencia poco edificante. Se le estaría convalidando, 10 años después de formulada, la atroz definición de Alfredo Yabrán: poder es impunidad.
Se puede alegar, y tal vez sea cierto, que un período de gobierno es insuficiente para que, siguiendo las pautas del debido proceso, los jueces puedan llegar a conclusiones inequívocas. Se explicaría de ese modo que las sanciones se produzcan cuando el servidor público ya abandonó el poder.
Sin embargo, el pernicioso permiso de reelección presidencial inaugurado por la Constitución de 1994 debilita el argumento, ya que la permanencia en el cargo del jefe de Estado y sus colaboradores tiende a ser, en la mayor parte de los casos, más prolongada.
En estos días hay ejemplos muy elocuentes de este desequilibrio. Carlos Menem se ha convertido en motivo recurrente de la crónica periodística por la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero, las acusaciones sobre encubrimiento del atentado contra la AMIA o la presunción de que durante su segundo gobierno se cobraron sobornos a cambio de adjudicarle a la empresa Siemens la confección de los DNI.
Fernando de la Rúa también está en la mira permanente de la Justicia, sea por la acusación de haber estimulado con coimas la aprobación de la ley de reforma laboral en el Senado, sea por su responsabilidad en los episodios de violencia del final de su administración.
Eduardo Duhalde, siendo su situación más discreta, tampoco se sustrae a la severidad indagatoria de los magistrados. La causa en la que se investiga la muerte de los piqueteros Kosteki y Santillán sigue sin cerrarse -una versión insistente afirma que gracias a eso el gobierno actual consiguió dar vuelta un voto en la aprobación de las retenciones móviles en la Cámara de Diputados- y la crónica sobre el caso de los documentos salpicó también a su gobierno.
La peripecia judicial de Néstor y Cristina Kirchner tiene otras características. Ellos a veces consiguen que los magistrados aceleren sus pasos pero para exculparlos.
En abril de este año el juez Rodolfo Canicoba Corral cerró una causa por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio. Un mes antes, el juez santacruceño Santiago Losada había denegado un pedido del fiscal Andrés Vivanco para que el ex presidente Kirchner fuera investigado por el depósito de fondos de Santa Cruz en un banco suizo. El juez Losada mismo, en una resolución insólita, mantiene en secreto los fundamentos de su sentencia.
Como el fiscal insistió, otro juez, Rubén Lobos, volvió a rechazar su pedido. Lobos es el magistrado que exculpó al ex funcionario kirchnerista Daniel Varizat por haber embestido con su camioneta a un grupo de personas que lo rodeaba en Río Gallegos.
El juez Norberto Oyarbide también cerró con sospechosa rapidez la causa en la cual se le pedía investigar la naturaleza de los fondos utilizados por la entonces primera dama, Cristina Kirchner, en sus viajes por América y Europa durante la campaña presidencial.
La mencionada investigación sobre Siemens también sirve como muestra, ya que mientras se realizan activas diligencias respecto de hechos ocurridos en 1990, nada se está haciendo para preservar los elementos probatorios de los hechos denunciados en el presente.
Y, finalmente, en los últimos días, el gobierno nacional quedó envuelto en un escándalo por las novedades sobre la financiación de la campaña presidencial que aparecieron con la investigación del asesinato de Sebastián Forza junto con otros dos empresarios. Salió a luz que entre los principales mecenas de la Presidenta hubo numerosas droguerías y empresas de salud. Una información sospechosa porque se combina con otro dato: el recaudador de la campaña fue el Superintendente de Salud, Héctor Capaccioli. Además, una de las empresas, la droguería de Forza, estaría envuelta en graves irregularidades.
Estas inquietantes revelaciones no promovieron en la jueza federal con competencia electoral de la Capital Federal, María Romilda Servini de Cubría, iniciativa alguna. Su juzgado es responsable de garantizar la transparencia del financiamiento de las campañas presidenciales.
Al mismo tiempo, es desalentador comprobar que pese a no existir ningún obstáculo legal para investigar a los actuales miembros del Gobierno, existen condicionantes no escritos, como ser las críticas explícitas contra los jueces que no comparten las posiciones oficiales, o el funcionamiento anómalo del Consejo de la Magistratura, que logran frenar la labor de los magistrados.
La tenacidad con que la Justicia examina a los funcionarios que abandonaron el gobierno y la parsimonia con que trata a los que están en ejercicio podrían registrar, para cientistas políticos como Natalio Botana, raíces antiguas, que tal vez se extienden a la tradición hispánica.
El derecho indiano estableció el procedimiento del "juicio de residencia" para auditar la conducta de los hombres públicos. Consistía en una auditoría sobre su desempeño, que se realizaba no bien abandonaban el cargo. Casi siempre era el sucesor quien se encargaba de esa revisión. El examen solía ser bastante exhaustivo y la persona sometida a él no podía abandonar el lugar donde había gobernado hasta que no concluyera el proceso. El mecanismo tuvo una eficacia dispar según los casos. Quienes ejercían la administración sabían que, tarde o temprano, debían rendir cuenta de sus actos.
Sin embargo, la institución del "juicio de residencia" supone que la hora de la Justicia es la hora en que se abandonó la función. O, a la inversa, que el control judicial no debe aplicarse sobre quien ejerce la autoridad política.
Dice una versión jamás desmentida que el ex presidente Menem esperó a que Domingo Cavallo dejara el Ministerio de Economía para augurarle: "Se va a cansar de recorrer los tribunales".
En el fondo de esta idea parece anidar, acaso de manera subliminal, una equivalencia poco edificante. Se le estaría convalidando, 10 años después de formulada, la atroz definición de Alfredo Yabrán: poder es impunidad.
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