LA CORTE AL PODER

Corte tiene competencia originaria en los reclamos de los estados provinciales contra la Nación.

Seis provincias, encabezadas por San Luis y Córdoba, ya presentaron reclamos ante la Corte por fondos coparticipables adeudados por el Gobierno Nacional.

El escandaloso sobreseimiento del matrimonio Kirchner dictado por el juez federal Norberto Oyarbide puede también llegar a la Corte a través de las apelaciones de varios pretensos querellantes que, luego de recorrer el camino hasta la Cámara de Casación, podrían ir luego a la última instancia con recursos extraordinarios.

El oficialismo y la oposición pulsean por el control de tres comisiones bicamerales claves, la de seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la de medios y la revisora de cuentas. La resistencia de Kirchner a ceder las presidencias de estas comisiones recurriendo a hechos consumados puede hacer que el conflicto termine en la Corte, llevado por la oposición. Ya ocurrió con la famosa fe de erratas de la ley de medios, incorporada a escondidas en el Boletín Oficial un sábado a la tarde y que terminó en una presentación ante la Corte de Gerardo Morales y otros legisladores.

Además, si el Ejecutivo utiliza sistemáticamente el veto a las leyes que no sean de su agrado -y todo indica que así será- seguramente la oposición recurrirá a la Corte para que se pronuncie acerca de si una facultad para casos excepcionales, como es el veto, puede utilizarse abusivamente y en forma permanente.

Otro caso que muy probablemente deberá dirimir el tribunal será si Francisco De Narváez puede ser o no presidente de la Nación, dado su origen colombiano y el requisito del artículo 89 de la Constitución, que exige ser argentino nativo o hijo de argentino.

Mucho más inminente, está pendiente de cumplimiento por la Gobernación de Santa Cruz el fallo que ordena la reincorporación a su cargo del ex Procurador de esa provincia, Eduardo Sosa. Si el gobernador Daniel Peralta no lo acata, puede terminar procesado.

La lista de causas de trascendencia político-institucional que pueden llegar al cuarto piso del Palacio de Tribunales durante el 2010 es todavía más larga por una sola razón. En un movimiento de transferencia que puede ser permanente, cada vez que la oposición se vea bloqueada por las desesperadas operaciones del kirchnerismo para no ceder poder, recurrirá invariablemente a la Corte en busca de apoyo.

Se terminó la paz

Este nuevo horizonte, les marca a los ministros de la Corte el final de una etapa de tranquilidad. Obsesionada por la imagen de la Corte menemista de la mayoría automática, la actual composición del tribunal se dedicó a hacer gestos de independencia sin confrontar jamás con el Ejecutivo. A partir del segundo semestre del año entrante -o aun antes- es probable que la situación cambie. La dirigencia opositora salvaría sus responsabilidades ante la opinión pública diciendo “el problema está en manos de la Corte”. Ya lo hicieron la semana pasada 37 senadores de la oposición con respecto al reclamo de fondos de la coparticipación. En un cuadro político y social que puede ser candente, recurrir al cliché de que “la Corte no tiene plazos” de poco va a servir. Si los ministros optan por “cajonear” las causas que queman, no hay que descartar que el tribunal termine sufriendo un serio desgaste en su imagen. Ni que hablar si se dictan fallos claves favorables al gobierno y sin fundamentos sólidos. El desprestigio actual de Oyarbide es un espejo en el que los jueces no se quieren ver.

Empezó el proceso de transferencia de poder a la Corte, con más riegos que beneficios para ésta.