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EL PUEBLO QUIERE SABER: Todos los días se descubren nuevos actos de latrocinio y corrupción del kirchnerismo. ¿Cuánto le costará al país los desmadres del KIRCHNERATO?

sábado, 17 de diciembre de 2016

AUTITOS CHOCADORES

Panorama político nacional de los últimos siete días El consenso de los autitos chocadores

La demora en elaborar un proyecto propio para cumplir con el compromiso preelectoral de que los trabajadores no pagaran el impuesto a las ganancias y, finalmente, la inclusión del tema en sesiones extraordinarias sin negociaciones para aprobarlo constituyeron, para muchos analistas, una lamentable cadena de errores del Poder Ejecutivo.

Pero no cabe hablar de error: se trató de una apuesta. Si un jugador coloca sus fichas en el número 8 y la bolilla de la ruleta se posa en el 22, no corresponde decir que se haya “equivocado”. Simplemente hizo una apuesta perdedora.

El rédito esperado de aquella jugada (contaminar a Sergio Massa pegándolo al kirchnerismo legislativo y dejar al oficialismo con el premio moral de defender heroicamente y en soledad la sensatez económica) tenía una lógica electoral y terminó siendo una ilusión óptica. Massa es, por cierto, el peronista que mejor penetra en las bases electorales oficialistas; la agresividad de la Casa Rosada contra él (fue tildado desde el poder de “impostor”, “ventajita” e “inconfiable”) quizás lo benefició: si su táctica de presionar al gobierno lo había llevado a mezclarse legislativamente con Axel Kicillof y sus seguidores de la letra K para aprobar una propuesta de reforma del impuesto a las ganancias, la intransigencia oficialista y la reacción airada del Presidente y su entorno le dieron la oportunidad de recuperar la avenida del centro y reprocharle al gobierno falta de voluntad negociadora.

Por otra parte, ¿aquella defensa heroica de la racionalidad económica por parte del gobierno incluiría acaso un veto de Macri si el Senado convertía el proyecto en ley? Bastó que la vicepresidente Gabriela Michetti mentara esa conjetura en público para que el círculo presidencial la descartara. Hasta ese momento el veto sólo era una hipótesis que se analizaba en el ámbito triangular de la jefatura de gabinete (Peña –Lopetegui- Quintana), más bien como placebo para elaborar la decepción de Macri. Vetar tiene un costo.

Cambio de jugada

El gobierno decidió poner sus fichas en otro número. La nueva apuesta fue por el peronismo de las provincias: la Casa Rosada trabajó sobre los gobernadores para conseguir que ellos les reclamaran diciplina y racionalidad a sus senadores. Por suerte, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, interlocutor confiable para los gobernadores, ya había regresado de China.

Las provincias tienen sus propios problemas: el impuesto a las ganancias se coparticipa y una recaudación menor del gravamen incide sobre los recursos que les corresponden. Una mayoría de gobernadores pidió que se revisara el proyecto votado en Diputados…de modo que la reivindicación de los trabajadores de pagar mucho menos impuesto por su salario (que ellos respaldan) no afecte dañinamente a sus distritos.

Así se consiguió, en principio, que el peronismo senatorial se abstuviera de imponer el tratamiento urgente del texto aprobado por Diputados. El jefe del bloque peronista de Senadores, Miguel Pichetto, estableció algunas condiciones. La principal: que el Poder Ejecutivo convocara con urgencia a la CGT, a los empresarios y a los diferentes bloques legislativos para reformar consensuadamente el proyecto de ley.

La propuesta de Pichetto, que daba un formato viable a los pedidos de los gobernadores (y a los cambiantes deseos del Ejecutivo), se convirtió en un cariñoso ultimátum cuando el gobierno, en cambio de promover una mesa de consenso, anunció que atomizaría la convocatoria y la transformaría en diálogos bilaterales con cada una de las partes sugeridas. Pichetto recordó entonces que si el próximo miércoles no hay un proyecto consensuado se votará el que llegó con un fuerte apoyo de la Cámara Baja. El peronismo quiere resuelto el tema del impuesto a los salarios antes de fin de año.

La reticencia oficial es una forma de maquillar el cambio de actitud; más allá de la renuencia en los detalles, queda claro que el gobierno ahora está dispuesto a negociar lo que no quiso negociar una semana atrás. Ha modificado su apuesta.

Entender los motivos del viraje es menos importante que registrar el hecho, que ofrece una nueva oportunidad a una política de acuerdos que parecía frustrarse. Más vale tarde que nunca.

Los que no quieren negociar

Massa y el peronismo poskirchnerista adelantaron que están abiertos a revisar el proyecto y a consensuar. La CGT, que mantiene en reserva su respaldo a la propuesta aprobada en Diputados, admite la búsqueda de una ley modificada de común acuerdo. Sus negociadores y los del gobierno han alcanzado algunas coincidencias sobre el mínimo no imponible (una cifra más cercana al proyecto con media sanción que a la que manejaba el oficialismo) pero todavía quedan asuntos por discutir. Algunos gremios quieren artículos específicos de exención del impuesto a las horas extra y, como es el caso del sector del transporte, anuncian medidas para subrayar su reclamo. Pero se está conversando en busca de un consenso.

El sector que queda afuera (por propia decisión y por desinterés del resto) es el kirchnerismo, que padeció su propio espejismo: creyó que había recuperado influencia cuando sólo estaba siendo un instrumento del peronismo para obligar al gobierno a reconsiderar su intransigencia.

Por su parte, algunos sectores de Cambiemos, que hace unos días se mostraban entusiasmados por la primera apuesta de la Casa Rosada - la que optaba por la lógica de la confrontación- elaboran ahora teorías conspirativas. Argumentan que “Massa de un lado y Pichetto y los gobernadores del otro son pinzas con las que el peronismo se turna en el juego de policía malo-policía bueno. Alguno aprieta, otro negocia y al final consuman su extorsión” En verdad, esas referencias a extorsiones, buitres o caranchos para aludir a los naturales juegos de competencia y negociación de la política encubren un rechazo - práctico o pretendidamente ético- al dispositivo de presiones y concesiones que la política supone y sugiere una preferencia por la imposición (siempre justificada, en esas visiones, desde algún relato propio definido como justo o decente o revolucionario). Cualquiera sea su excusa, la intolerancia conspira contra la convivencia y la necesidad de acuerdos básicos y políticas de estado.

En días , apenas, se inicia un año electoral, es decir, un tiempo en el que las tensiones de la competencia se manifestarán naturalmente. Habrá que acostumbrarse al ruido: si hace falta llegar a acuerdos en el país, es porque hay diferencias. Algunas muy sensibles.

Sería importante que la racionalidad que opera en distintas fuerzas elaborara un listado de puntos que queden apartados de la pelea, asuntos que hacen a la gobernabilidad, al interés nacional, al bienestar de los ciudadanos y a los valores. Sería bueno, inclusive, que con ese espíritu se acordara en primer lugar los procedimientos para tratar los desacuerdos: un esfuerzo para evitar que alteraciones circunstanciales desbaraten la construcción común, reglas de tránsito para autitos chocadores.

Jorge Raventos

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